Díaz ratificó el planteo de que el Tribunal de Cuentas no tiene facultades para cargar contra los funcionarios.

San Juan.- "En principio sí", respondió el fiscal de Estado, Mario Díaz, sobre si cree que de las tres opciones que estudia el Tribunal de Cuentas sobre qué hacer con los juicios de responsabilidad, la que debe asumir el organismo de control es enviar todos los procesos en trámite, unos 20, a Fiscalía de Estado para que ahí decidan qué hacer con los juicios. 

Estos procesos son los que hoy gatilla el Tribunal obligando a funcionarios públicos que paguen de su bolsillo cuando detectan un perjuicio contra el Estado.

"Nosotros somos coherentes con la presentación que hicimos de la inconstitucionalidad de los juicios de responsabilidad que dicta el Tribunal de Cuentas. Nosotros decimos que la investigación previa tiene que hacerla el Tribunal de Cuentas pero que el juicio no, sino que es propio de los tribunales ordinarios de la provincia", dijo Díaz. De todos modos, el fiscal dijo que no tenía conocimiento de la situación en particular actual y que entonces, requerirá un análisis.

Díaz se refiere al planteo de inconstitucionalidad que en 2008 hizo Fiscalía ante la Corte de Justicia, que todavía no fue resuelto. 

Por estos días se conoció que el Tribunal de Cuentas tiene dudas sobre el futuro de los juicios de responsabilidad que hace a los funcionarios, tras conocerse que quedó firme una declaración de inconstitucionalidad de uno de ellos -de María Inés Rico, en el llamado caso Aleco-, lo que sienta un precedente judicial importante para los planteos subsiguientes y a resolver, como el pedido de Fiscalía de Estado.

Así, se conoció de fuentes calificadas que en el organismo de control de las cuentas de las reparticiones, están en la disyuntiva entre tres alternativas sobre los juicios de responsabilidad: una es mandar todos los procesos a Fiscalía de Estado, que es sobre lo que opinó ayer Díaz; otra es seguir adelante con los procesos, a costa de que los enjuiciados presenten la inconstitucionalidad y les fallen a favor dado el antecedente Aleco; y la tercera es directamente archivar todos los juicios en curso a sabiendas que no prosperarán.

Los juicios de responsabilidad que están en curso -aún sin sentencia- son unos 20, y ya se supo que actuales y ex funcionarios planean hacer el mismo planteo que Rico. 

La decisión la deben tomar los cinco miembros del Tribunal de Cuentas, en una reunión de plenario.