Añade que la corrupción gubernamental ha sido reconocida como "un problema grave", alimentado por la existencia de "instituciones débiles y un sistema judicial a menudo inefectivo o politizado", lo que desemboca en "dificultades sistémicas" en la administración del gobierno y de la ley.

El texto se hace eco del diagnóstico de entidades internacionales, como el Banco Mundial; locales, como Poder Ciudadano, y de informes de prensa basados en asociaciones civiles o en documentos en poder de este tipo de organizaciones sociales.

Advierte, también, contra la desatención de derechos humanos básicos. "Pese a que el gobierno [de Cristina Kirchner] proclama un fuerte compromiso con los derechos de la infancia, son muchos los programas que no tienen fondos", dice. Y se hace eco de informaciones según las cuales no menos de 3000 chicos de menos de cinco años murieron por desnutrición en los últimos cinco años.

El documento abarca decenas de países e incorpora una detallada evaluación sobre cuestiones de corrupción gubernamental en la Argentina. Se hace eco de las mediciones del Banco Mundial, para determinar que la corrupción figuraba como "un problema grave". Señala que, "históricamente", la combinación de instituciones debilitadas con un sistema judicial "politizado" terminan en deficiencias "sistémicas" a la hora de hacer valer la ley.

"La legislación contempla castigos para los casos de corrupción oficial. Pero la existencia de recurrentes informes de prensa sobre la participación de funcionarios oficiales en estos casos sugiere fallas a la hora de aplicar esos castigos de manera efectiva", comienza diciendo la nota. Reconoce la existencia de la Oficina Anticorrupción, pero advierte que carece de "autoridad" como para seguir casos "de manera independiente". Señala, entre otros casos escandalosos, los referidos a la adquisición de medicamentos para jubilados a empresas que aportaron fondos en la campaña de Cristina Kirchner.