Publicado: 04-03-09

  

En oportunidad de celebrarse una audiencia de ampliación oral antela Cámarade Apelaciones, en torno de la causa en la que se investiga el libramiento de letras de Tesorería y pago irregular a favor de la firma Gualdesi; los camaristas advirtieron que la prueba fundamental -un expediente administrativo que había aportado la gobernadora- se había extraviado. El abogado Félix Santamaría, que defiende a cinco de los imputados que hoy se encuentran procesados, dijo que la justicia deberá dar explicaciones por no haber preservado la prueba, y anticipó que la nulidad de lo actuado desencadenará en el sobreseimiento de los involucrados. Entre las graves irregularidades, apuntó la participación de un perito que debió excusarse y la actuación del secretario legal y técnico que, habiendo sido asesor de una de las empresas investigadas en estos hechos, se presentó como denunciante.

 

Río Grande.- El abogado Félix Santamaría dijo que defiende a cinco de las personas imputadas en la causa penal Nº 22481/08, caratulada "Ríos María Fabiana y Olivero Raúl Eduardo, sobre denuncia" en la que se investiga el libramiento de letras de Tesorería por más de 7 millones de pesos, de los cuales se habrían cancelado -supuestamente en forma irregular- más de dos millones de pesos a la empresa Gualdesi Hermanos en el marco de un programa de emergencia alimentaria nacional.

 

El defensor indicó que la semana pasada se celebró enla Sala Penaldela Cámarade Apelaciones, en la ciudad de Río Grande, una ampliación oral (en audiencia in voce) como parte del recurso de apelación interpuesto previamente contra el auto de procesamiento de sus asistidos.

 

Recordamos que el juez a cargo de la instrucción, el doctor Javier De Gamas Soler, había resuelto procesar a dos integrantes de la familia Gualdesi y a varios ex funcionarios de la gestión de Hugo Cóccaro por el delito de peculado.

 

La causa había sido iniciada con motivo de una denuncia penal formulada por la gobernadora Fabiana Ríos y por el secretario Legal y Técnico, Eduardo Olivero, el 3 de junio del año pasado, por el presunto delito de defraudación a la administración pública, en la que se pedía una investigación en torno de un pago millonario sin la contraprestación del servicio por parte de la firma Gualdesi.

 

El expediente no aparece

Santamaría dijo que con anterioridad a esta audiencia, la defensa solicitó tomar vista de una serie de expedientes administrativos relacionados con los trámites de la contratación y pago, particularmente los que aportó la gobernadora respecto de un supuesto doble pago, prueba que, a su juicio, es fundamental.

 

"Esos expedientes tenían una importancia procesal muy importante", remarcó el letrado, indicando que hizo el pedido de los mismos al igual que de otra documentación donde figuraban informes dela Sindicatura Generaldela Nación, ya que los planes alimentarios o módulos, que eran destinados a personas con necesidades básicas insatisfechas a través de un programa nacional, era auditado por este organismo nacional y por el Tribunal de Cuentas provincial.

 

Insistió que estos expedientes eran de vital importancia para explicar a los jueces dela Cámara, en oportunidad de la audiencia oral, lo ocurrido verdaderamente con los pagos que fueron puestos en duda por la gobernadora.

 

Aclaró que en uno de estos expedientes de licitación, de dos millones de pesos, el gobierno solamente había cancelado 400 mil pesos.

 

En cuanto a las prestaciones totales, explicó que se trataba de siete mil módulos alimentarios por mes, por un período aproximado de18 a20 meses, lo que daba un total de cerca de 10 millones de pesos.

 

Según lo que figura en los informes contables, lo único que se había cancelado durante los años 2004 y 2005 era alrededor de 2 millones por año, es decir que quedaba un saldo más que importante, tal como surgió del propio reconocimiento del gobierno avalado por el Tribunal de Cuentas, organismo, este último, que había levantado todas las observaciones luego de haber examinado el expediente siete veces.

 

El abogado precisó que en ocasión de la audiencia, tras solicitar los expedientes aportados por la gobernadora, le informaron que no estaban, por lo que los jueces resolvieron suspender o posponer la audiencia hasta la aparición de esta prueba fundamental.

 

Como curioso desenlace, los expedientes nunca aparecieron, por lo que la justicia "los dio por perdidos", subrayó el defensor.