Publicado: 05-03-09

El doctor Félix Santamaría, que es abogado de varios de los imputados en la causa (que lleva en su carátula el Nº 22481/08, y está titulada como "Ríos María Fabiana y Olivero Raúl Eduardo, sobre denuncia"), estuvo presente en la audiencia oral y fue quien dijo que debe ser la Justicia la que tendrá que dar explicaciones por no haber preservado la prueba, y aseguró que pedirá la nulidad de lo actuado, lo que provocaría el sobreseimiento de todos los acusados. 

La causa en cuestión investiga el libramiento de Letras de Tesorería por más de 7 millones de pesos, y la cancelación de más de dos millones a la empresa Gualdesi Hermanos en el marco de un programa de emergencia alimentaria nacional.

El desarrollo de la investigación fue realizado por el juzgado a cargo del doctor Javier de Gamas Soler, quien resolvió procesar a dos integrantes de la firma Gualdesi Hermanos y a varios ex funcionarios de la gestión de Hugo Cóccaro por el delito de peculado. La audiencia realizada en Río Grande se produjo como parte del recurso de apelación interpuesto previamente por sus defendidos.

La denuncia se realizó el 3 de junio de 2008, por el posible delito de defraudación a la administración pública, por lo que se pedía la investigación en por el pago millonario sin la contraprestación del servicio por parte de la firma en cuestión.

La pérdida se detecta cuando Santamaría pidió ver los expedientes que tienen relación con la causa como son los que contienen los trámites de la contratación y los que entregó a la justicia Fabiana Ríos cuando hizo la denuncia. También solicitó en aquel momento los informes de la Sindicatura General de la Nación, que es el organismo que controla el desarrollo de los módulos alimentarios para personas con necesidades básicas insatisfechas a través de programa nacional. Además estos trámites eran controlados por el Tribunal de Cuentas provincial.

Según el abogado los expedientes eran de suma importancia para poder explicar a los jueces de la Cámara lo ocurrido con los pagos que fueron denunciados por la gobernadora. Las prestaciones que fueron sometidas a investigación, que se trataba de siete mil módulos alimentarios mensuales, por 18 a 20 meses, sumaron aproximadamente 10 millones de pesos.

En los informes contables figura que se había cancelado durante los años 2004 y 2005 alrededor de 2 millones de pesos anuales por lo que el saldo adeudado era muy superior a lo pagado. Esta deuda surgió del reconocimiento del Gobierno avalado por el Tribunal de Cuentas, luego de realizar los controles de rigor.

Santamaría dijo que durante el desarrollo de la audiencia solicitó los expedientes aportados por la gobernadora, y es ahí cuando se confirma que no estaban, por los integrantes de la Cámara decidieron posponer la audiencia hasta que se encuentren las pruebas extraviadas.

Para el abogado defensor la Justicia ya los dio por perdidos ya hizo el pedido formal solicitando la búsqueda de los expedientes. Félix Santamaría agrega como argumento para solicitar la nulidad no sólo la pérdida de la prueba sino además la presencia de nulidades que afecta el auto de procesamiento de sus defendidos. Para el doctor Santamaría "fue necesario presentar la apelación, porque el fallo del Juez de Gamas plantea muchas controversias, ya sea durante las pericia como en el argumento que dice que no hubo contraprestación en el programa de módulos alimentarios a los beneficiarios de casos sociales".

Respecto de los pagos realizados a la empresa investigada, el abogado razonó que si bien fue en la gestión de Hugo Cóccaro en la que se determinó la existencia de la deuda fue la "durante la gestión de Fabiana Ríos que se pagó más de dos millones de pesos, de una deuda de casi diez millones".

"Ella pagó más de dos millones. Acá, si había intenciones de cometer un delito, es absurdo suponer que se haya dejado que la próxima gestión se encargue de pagar". Y confirmó que el actual gobierno siguió pagando hasta que se hizo la denuncia, ya que los expedientes ya habían pasado todos los controles, entre ellos los de una comisión especial que fue la que autorizó el pago". Para el abogado es raro que la gobernadora Ríos siguiera pagando durante seis meses sin hacer nada.

Otro argumento esgrimido por Santamaría sostiene que "ahora hay dos expedientes que se contradicen, aunque el que perjudica a mis defendidos no aparece. Me parece que aquí lo único que corresponde es la nulidad de todo lo actuado". También Santamaría argumentó, durante la parte de la audiencia que se desarrolló el pasado martes ante la Cámara de Apelaciones, la nulidad por la actuación del perito que se encargó de examinar las pruebas porque este perito fue patrocinado con anterioridad por el propio doctor Eduardo Olivero, hoy secretario Legal y Técnica de la Gobernación, en un juicio contra el Tribunal de Cuentas. "Es llamativo que este perito intervenga sin haberse excusado" dijo.

Otro de los argumentos que desarrolla el abogado defensor tiene que ver con el motivo por el que no están imputados en la causa todos los funcionarios de la gestión de Fabiana Ríos que aprobaron y realizaron los pagos que posteriormente, según ellos, resultaron ilegales; "acá se encuentran imputados funcionarios que sólo actuaron en la etapa preparatoria, que hoy se encuentran fuera de la administración desde antes que este expediente tomara su curso legal, que además contó con la aprobación del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Legislativa que se creó al final de la gestión Cóccaro cuando aprobaron dicha operatoria de Letras y también fue aprobado por el Tribunal de Cuentas".

Finalmente Félix Santamaría consideró que para él "las pruebas se perdieron definitivamente y esto es sumamente grave y se tiene que actuar acorde a la gravedad de los que pasó"

"No era relevante"

Por su parte, el fiscal mayor del Distrito Judicial Sur, Guillermo Mássimi, confirmó el faltante de este elemento de prueba, y precisó que ante esta situación se dispuso una investigación administrativa que permita determinar las circunstancias en que se produjo esta irregularidad.

A diferencia de lo sostenido por el abogado Félix Santamaría, el funcionario del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el expediente desaparecido no tenía relevancia probatoria para la causa, a punto tal que ni siquiera habría sido tomado en cuenta como elemento de cargo al momento de dictarse el auto de procesamiento contra integrantes de la firma comercial y ex funcionario de la gestión gubernamental de Hugo Cóccaro.

Precisó que se trata del expediente 9368 que estaba referido a una licitación para la provisión de alimentos que ganó la firma Gualdesi, licitación que dijo se había tramitado de manera correcta y que fue pagada durante el año 2004.

Mássimi explicó que "ese expediente no tiene nada que ver con la prueba fundamental de la causa", ya que "el expediente que es materia de investigación y objeto material del supuesto ilícito es el 20.351".