Según un “examen especial” de la Auditoría General de la Nación (AGN), la tramitación judicial del caso Greco, el grupo empresario al que el Estado supuestamente le debe bonos por $ 617.995.637, “muestra la falta de uniformidad en la estrategia aplicada” para defender los intereses públicos.

El organismo de control hizo referencia a la labor de las distintas dependencias que intervinieron en la causa desde su inicio, a principios de la década del ’80 del Siglo pasado, hasta la actualidad, y afirmó que la Procuración del Tesoro, la Subsecretaría de Justicia y el Ministerio de Economía no interactuaron entre sí, sino que trabajaron en forma separada. Esto impidió la posibilidad “sostener en forma coherente y uniforme la posición del Estado”, en un caso que ya lleva 29 años de existencia.

El Grupo Greco es un holding empresario de Mendoza que fue dueño de los vinos Resero, el agua mineral Villavicencio y el Banco de Los Andes, entre otras. En 1980, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió intervenir el Banco de los Andes y solicitó su quiebra. La misma suerte corrieron el resto de las empresas de Greco. Dos años más tarde, el Grupo demandó al Estado y al BCRA por daños y perjuicios, pero esas pretensiones fueron rechazadas por la Procuración del Tesoro de la Nación. En 1987, ya en democracia, la Procuración y Greco firmaron un convenio “para componer todos los conflictos existentes”, cuenta la AGN. Luego, las obligaciones acordadas originalmente fueron modificándose: en 1989 se designó por decreto a la Subsecretaría de Justicia como autoridad de aplicación del convenio; esa función fue asumida en 1991 por el Ministerio de Economía, que adquirió “facultades para finiquitar las tratativas existentes”; el 28 de diciembre de 2001 –siete días después de la caída del gobierno de Fernando De la Rúa- se dicta sentencia; y, finalmente, el 11 de agosto de 2005, fue homologada la liquidación conformada por las partes con una suma de $ 332.396.128,64. De ese total, $ 205,2 millones corresponden a Existencias Vínicas, y $ 127,1 millones a Bienes Inmuebles.

La Auditoría agrega que, en base a la información suministrada por la Dirección de Administración de Deuda Pública (DADP), la conversión de deuda implicaba la entrega a Greco de 332.577.357 bonos con una afectación presupuestaria, al 31 de diciembre de 2006, de $ 617.995.637.

“La dispersión normativa legal y reglamentaria aplicables al caso, y los cambios de autoridades en 30 años, obstaculizaron un tratamiento relacionado e integral del conflicto”, dice la AGN, y puntualiza que en “ninguna tramitación administrativa o judicial” se pudo comprobar la existencia del volumen de vino involucrado, el origen del stock, la titularidad del elemento, la calidad del producto ni su estado de conservación.

Otros de los rubros de la liquidación fue el valor de los inmuebles incluidos como bienes que debían reintegrarse a los actores. En este sentido, para el organismo de control “resulta significativo señalar que tampoco consta en los expedientes (ningún) acto que indique una verificación” para establecer la procedencia del reconocimiento de las propiedades. El informe añade que “no surge si se llevaron a cabo gestiones para identificar la titularidad actualizada de los inmuebles, o si estaban afectados al uso de algunas de las partes del conflicto.

¿Qué hicieron las dependencias del Estado mientras se desarrolló el caso? La AGN dice que los registros remitidos por el Ministerio de Economía “no responden a parámetros homogéneos que permitan identificar acreedores, concepto y origen de las deudas”, lo que impide cruzar esa información con la que figura en los expedientes judiciales.

Con respecto a un pago por $ 102 millones que el Estado realizó a proveedores del Grupo Greco, la Auditoría apuntó que, pese a que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) “ha tenido conocimiento de la magnitud del reclamo” del holding, “no surge que hubiese dispuesto procedimientos de control específicos de las actuaciones administrativas o judiciales vinculadas al caso”.

Ante las consultas de la AGN, la Procuración del Tesoro de la Nación “enfatiza que no le correspondía controlar las actuaciones judiciales” de la causa. Pero ese organismo tuvo intervención directa en el caso hasta 1991, cuando la defensa judicial quedó bajo la responsabilidad del entonces Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. Es decir, la Procuración “contaba con la información necesaria en cuanto a la complejidad de las cuestiones relacionadas con el Grupo Greco, las pretensiones de las partes y el grado de conflicto que suponía la naturaleza de los hechos”, explica el informe.

La Auditoría completó su trabajo, aprobado en noviembre de 2008, afirmando que, sin considerar si la deuda que se proponía abonar es válida o no, “la metodología utilizada para el cálculo de la cantidad de bonos a entregar, se ajustó a la normativa vigente”.