Desde que el Estado Nacional presentó el Plan Federal de Viviendas, en julio de 2004, hasta el cierre de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que fue aprobado el 11 de marzo de este año, se construyeron 94 de las 1643 casas que estaban previstas para la provincia de Neuquén.

El organismo de control citó datos de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda nacional, y afirmó que Neuquén había completado menos del 6% del total de las unidades que debían hacerse, frente al 49,2% que se registró en el resto del país durante el mismo período de análisis.

Más allá de los “retrasos en la ejecución del programa auditado”, la distribución de las casas tampoco fue planeada en función de la demanda habitacional de los neuquinos. Es que, según la AGN, no se asignaron unidades a la mitad de los departamentos de la provincia, que concentran el 23,3% de esa demanda. Asimismo, hubo localidades que recibieron más viviendas de las que necesitaban, como en Collón Curá, al sureste, donde pedían 45 casas y se destinaron 85.

El Plan Federal de Construcción de Viviendas fue instrumentado mediante un convenio firmado el 21 de julio de 2004 entre el Ministerio de Planificación Federal y los gobiernos provinciales. A Neuquén se le asignaron $ 58,8 millones para hacer 1400 casas de 49 metros cuadrados con un valor de $ 42.000 cada una. Tiempo después, el dinero aumentó a $ 80.669.200 al igual que la cantidad de viviendas planeadas, que trepó hasta 1643. Cuando la AGN culminó su informe, además de las 94 casas ya terminadas, había 1516 en ejecución y 33 estaban a punto de comenzar.

En las 94 viviendas, la Auditoría detectó “patologías en las construcciones”, como “fisuras en las uniones entre el machimbre del techo y la mampostería, desprendimiento de revoques, techos de chapa mal colocados –con notorias ondulaciones-, mampostería con importantes fisuras y rajaduras”. Por otra parte, los huecos para las puertas de los baños eran “reducidos” porque, según las planillas de carpintería, debían ser de 70 centímetros, pero en las obras se verificó que alcanzaban los 59 centímetros sin marco. El informe también señaló que “no se cumple con la normativa de seguridad e higiene estipulada en las bases generales para la contratación de obras del Plan”, y ejemplifica que en los laterales de algunas casas se observaron zanjas, abiertas para colocar cañerías de servicios, sin vallas ni cintas de advertencia, lo que constituye un “riesgo, tanto para los habitantes, como para quienes trabajan en la obra”.

Otra irregularidad de las casas es que las cañerías de gas se colocaron por encima de las instalaciones sanitarias y de luz, y, según el ente regulador del gas, esas cañerías “no podrán cruzar próxima a canillas, de tal manera que no estén constantemente sujetas a la acción de la humedad. Asimismo, estarán alejadas de todo conductor de electricidad”.

La AGN remarca que en la gestión del plan “no se aplicó la normativa provincial de Obras Públicas, ni los mecanismos ordinarios de control de la ejecución de los gastos”. En Neuquén, el organismo encargado de llevar adelante el Plan Federal es la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). Como esa dependencia privilegia el “carácter privado de los sujetos de la relación contractual (entidad intermedia, empresa constructora), no somete las contrataciones y construcciones a las regulaciones de la Ley Provincial de Obras Públicas” que, precisamente, considera como obras públicas a los emprendimientos que realiza la provincia mediante entidades de bien públicos sin importar el origen de los fondos que se inviertan. Así, tampoco se cumple con lo establecido en la Ley de Administración Financiera neuquina, que somete a la competencia de sus organismos de control la fiscalización de personas privadas que reciban recursos públicos.

Desde que entró en vigencia el Plan Federal, Neuquén aplicó los fondos que recibió otorgando créditos hipotecarios para la construcción de viviendas. Esta “modalidad” generó que la Auditoría no pudiera acceder a documentos relacionados con “los procesos de licitación de las obras seleccionadas; el estado de avance físico y financiero del total de obras; las cuotas de recupero de viviendas adjudicadas; y el registro de beneficiarios y postulantes”.