Mediante el decreto 243/2009, publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció que la flamante Unidad Ejecutora "efectuará el seguimiento de la aplicación de los fondos". Además, instruirá al Banco de la Nación Argentina a realizar la distribución de los recursos "en forma diaria y automática" a las provincias que adhieran y a la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de que la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias sea notificada oficialmente de las adhesiones al régimen de coparticipación, el banco distribuirá los recursos. A su vez, los gobiernos provinciales deberán controlar el destino de los recursos que lleguen a los municipios

En su artículo 6, el decreto también estableció que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realice auditorías específicas sobre el funcionamiento del Fondo, con una periodicidad máxima de un año.

Mientras que la oposición, política y rural, acusó al kirchnerismo de "manipular" los impuestos a las exportaciones para doblegar el apoyo de gobernadores e intendentes del interior a la lucha del campo, desde la Casa Rosada juran todo lo contrario.

Según la orden presidencial Nº 206, fechada el 19 de marzo de 2009, el Fondo fue creado "con el objeto de financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales".