“Bajo grado de cumplimiento” en el control de una empresa minera
Se trata de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, en Catamarca. La SIGEN afirma que de los 39 proyectos que tenía planeados la unidad de auditoría interna para 2007, sólo realizó ocho y no informó por qué se desvió de su propio plan de acción. Así, no hubo suficientes datos para emitir una opinión sobre la fiscalización que rige puertas adentro de la firma.
La empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, de Catamarca, tiene una Unidad de Auditoría Interna (UAI) que registró en 2007 un “bajo grado de cumplimiento de su trabajo”. Según un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la UAI hizo sólo ocho de las 39 fiscalizaciones que preveía para ese año y, además, no dio precisiones sobre los “desvíos acontecidos” en su propio plan de acción. La falta de datos generó que la SIGEN se viera “impedida para emitir una opinión sobre la suficiencia y efectividad del sistema de control interno imperante” en la firma.
El trabajo añade que la UAI tampoco ejecutó proyectos para verificar si se cumplía con un convenio de exploración complementaria firmado entre Aguas de Dionisio y Alumbrera Minera Limited. La auditoría interna no realizó su labor a pesar de la significación económica del contrato, y su impacto en la situación patrimonial, económica y financiera del yacimiento catamarqueño. Es que a partir de los ejercicios 2005 y 2006, el convenio hizo que la empresa pueda revertir saldos negativos acumulados en años anteriores hasta alcanzar un valor contable, en diciembre de 2006, de aproximadamente $ 256 millones, y que hasta febrero de 2007 haya recibido de la Lumbrera 82 millones de dólares en concepto de utilidades.
Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio fue creada mediante la Ley 14.771 de 1958. Es una concesión minera de 344 kilómetros cuadrados, donde se extraen y refinan oro y plata, y se obtienen productos comercializables con el sello de la firma. La administración corre por cuenta de la Provincia de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el Estado Nacional, y las utilidades se dividen entre los catamarqueños, la construcción de una ciudad universitaria tucumana y, eventualmente, una redistribución de excedentes para otras universidades nacionales.
La SIGEN añade que la Unidad de Auditoría Interna del complejo “no produjo proyectos relativos a las actividades que realiza la concesión minera, acordes con el objetivo de creación de la empresa”. Y, además, agrega que en esa oficina, que debería tener seis cargos, sólo trabajan tres empleados y uno de ellos bajo la modalidad part-time.
