El Estado sigue haciendo valer su derecho a ocupar asientos en los directorios de las empresas donde tiene participación accionaria tras la desaparición de las AFJP. Aunque muchos empresarios se resisten, ya son nueve los designados y hay cuatro respuestas pendientes. 

Los funcionarios de primera línea del Poder Ejecutivo no se cansan de repetir el derecho que tienen, como representantes del Estado, de ocupar sillas en los directorios de las empresas privadas en las que se heredó una importante participación accionaria tras la desaparición de las AFJP

La semana pasada fue el turno del ex presidente Néstor Kirchner, quien sostuvo: "El Gobierno manda directores a todas las empresas para cuidar la platita de todos los argentinos".

Y el mes pasado, la Cumbre del G-20 fue el escenario que la presidenta Cristina Fernández eligió para ratificar la voluntad de su gobierno de designar directores en todas las empresas en las que el Gobierno tiene participación accionaria, tras haber heredado de las extintas AFJP su cartera de inversiones.

En Londres, la Presidenta había dicho: "El Estado tiene la obligación de designar a los directores y de controlar a las empresas. Por ejemplo, en qué gastan y cuáles son sus proyectos de inversión".

Pocos días antes de estas declaraciones, la ANSES había comenzado a enviar cartas a las empresas donde poseía acciones para informarles de su intención de integrar los directorios. Y desde entonces ya hay nueve compañías con asientos ocupados por representantes del Ejecutivo y cuatro en las que el Estado quiere sentarse, pero todavía no lo dejaron.

Desde la ANSES confirmaron a Buenos Aires Económico que avanzarán más con las designaciones en las empresas privadas.

"Tenemos responsabilidad respecto de las tenencias y la ponemos en práctica como haría cualquier otro socio", enfatizaron fuentes del organismo.

HISTORIA. Tras la eliminación de las AFJP, a partir de diciembre de 2008 el Estado heredó la participación accionaria en treinta y siete empresas privadas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires.

Con la unificación del sistema jubilatorio en las cuentas de la ANSES,

toda la cartera de inversiones que las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones habían realizado pasó al Estado.

Y esto significa una importante participación de la Nación en los paquetes accionarios de empresas de muy diversos rubros e incluso en varias privatizadas con porcentajes que en muchos casos superan el 25 por ciento.

En un informe elaborado por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, al tercer trimestre de 2008 las AFJP tenían acciones de 40 compañías de las 84 empresas consideradas por el organismo.

Y según se indica allí, en términos de la cantidad de acciones a las cuales se habían destinado casi $7.000 millones, las AFJP tenían en promedio el 10,2%, llegando a sobrepasar el 25 por ciento.

Entre las empresas con una participación del Estado cercana al 25% se encuentran las privatizadas Telecom, Gas BAN y Edenor y las compañías privadas Siderar, Consultatio y San Miguel. Éntrelas inversiones que habían hecho las AFJP, al 31 de octubre de 2008, había operaciones de crédito público de la Nación (54,52%), acciones de empresas privadas (9%), títulos públicos nacionales, provinciales y municipales (0,57%), plazos fijos (9,27%), obligaciones negociables de largo plazo (1,96%), fondos comunes de inversión (2,83%), títulos y valores extranjeros (6,32%) y fideicomisos (5,3%), entre otras.

El Estado también posee una importante cantidad de obligaciones negociables de largo plazo emitidas por muchas de las empresas en las que las AFJP tenían acciones.

TEMORES. El hecho de que el Estado sea accionista con un alto porcentaje de participación es algo que no entusiasma demasiado a los operadores de Bolsa.

Lo que más preocupó desde un primer momento fue la posibilidad de que la Nación quiera tener un papel más activo dentro de los directorios de las empresas privadas en las que tiene una gran cantidad de acciones. Y la profecía se cumplió.

Como prueba de este descontento, Juan Pablo Vera, jefe de Análisis Financiero de Tavelli & Cía. Sociedad de Bolsa, estimó que el primer impacto en el mercado de la nacionalización de estos fondos fue negativo y consideró que la presencia del Estado aparece, cuando menos, como algo frente a lo que hay que estar alerta.

"Me parece interesante tener en cuenta cómo reaccionaría el

mercado en caso de que el Estado decida desinvertir las posiciones en renta variable que heredó de las AFJP", advirtió Vera.

Y agregó que esto podría impactar "negativamente en los precios a raíz de la magnitud de la oferta en un mercado que podría verse reducido sensiblemente en profundidad y liquidez".

"De esta manera, el Estado podría intentar participar más activamente en las estructuras societarias", sostuvo.

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA. En las privatizadas del sector de la energía eléctrica el Estado posee 12,7% de participación en Central Costanera, en Central Puerto un 3,7% y en Transener un 17,2 por ciento.

En las privatizadas de los grupos concesionarios la Nación tiene 25,3% de acciones de Edenor, 24% de Distribuidora General Cuyana, 24% de Gas BAN, 11,7% de Camuzzi Gas, 8,6% de Metrovías, 7,6% de Metrogas, 20,1 % de la Autopista del Oeste, 21,1% de la Transportadora

de Gas del Sur y 0,4% de la Transportadora de Gas del Norte.

Además, posee acciones en Telecom (22,8%) y en YPF (0,1 por ciento).

Dentro del rubro de actividades financieras y seguros posee el 8,8% de la empresa de inversiones Euromayor.

En cuanto a las actividades inmobiliarias, el Estado se hizo acreedor del 2,1 % de las acciones de Alto Palermo, del 3,1% de Cresud y del 4,2% de IRSA.

En el rubro de alimentos y bebidas el Estado tiene una presencia más importante, con 18,3% de las acciones de Molinos Río de la Plata, una de las empresas alimentarias más importantes de la Argentina, y 25% de S.A. San Miguel, una empresa frutihortícola, productora, industrializadora y exportadora de limón. Además posee el 3% de Paty.

Entre los bancos, el Estado se quedó con 4,4% del Banco Hipotecario, con 23,9% del Banco Macro Bansud, con 11,7% del Banco Patagonia, con 6,6% del Banco Francés y con 17,1% del Grupo Financiero Galicia.

En el rubro comercio, el Estado posee 18,6% de la cadena de supermercados patagónicos La Anónima y, dentro de la construcción, posee 10,4% de la empresa constructora Juan Minetti SA.

Dentro de la energía eléctrica, el Estado posee 9,9% de Capex SA, empresa generadora eléctrica. Y además posee 17,7% de Pampa Holding, que para los especialistas es el "pescado más grande de todos", porque controla Central Térmica Güemes, Central Puerto, Central Loma La Lata, Edenor y una importante parte de Transener (red de alta tensión).

También hay fuerte presencia en la industria siderúrgica, en la que el Estado tiene el 11,1% de Aluar y el 23,5% de Siderar, la empresa del Grupo Techint.

Dentro de las industrias petroquímicas y textiles el Estado posee el 15,4% de Solvay Indupa.

También posee 26,6% de las acciones de Consultatio, la empresa inmobiliaria propiedad de Eduardo Constantini, 20,8% de Emdersa, una empresa eléctrica que administra distribuidoras de La Rioja, Salta y San Luis, y el 8,9% del Grupo Clarín.

DESIGNACIONES. La primera carta de la ANSES llegó a Endesa Central Costanera. El 31 de marzo la empresa informó que la ANSES notificó la decisión de ejercer su voto en la asamblea general, cuando se eligieron directores.

Durante la asamblea Simón Dasensich se sumó al directorio de la compañía como representante estatal por la ANSES, dueña del 13,4% de las acciones de la generadora.

La designación de Dasensich fue aprobada durante la asamblea de accionistas de Endesa, en la que también se designó como síndico en representación de la ANSES a Ada Bogomira Lisjak.

El directorio de Endesa Costanera, compañía que cerró 2008 con un rojo de $40,9 millones con una mejora de 16,4% frente a las pérdidas registradas en 2007, está integrada en total por ocho directores y tres síndicos.

La ANSES ya tiene director en una empresa clave de la economía argentina. Se trata de Siderar, la productora de acero del Grupo Techint, donde 26% de las acciones son estatales. Este fue el primer caso en el que el Estado encontró resistencias para poner un representante, pero tras una negociación entre los directivos y funcionarios del Ministerio de Planificación se acordó que el economista y titular de Enarsa, Aldo Ferrer, fuera el designado.

La ANSES también nombró durante marzo al abogado Miguel Eduardo Mirmi como director de Transportadora Gas del Sur (TGS) y al dirigente sindical Rubén Bassi en el directorio de Gas Natural BAN, donde la ANSES posee 24,4% de las acciones.

Gas BAN está controlada en un 50,4% por la española Gas Natural, mientras otro 19,6% está en manos del Grupo Chemo, controlado por la familia argentina Sigman, en tanto que el resto de las acciones se cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.

En la privatizada Edenor, la ANSES tiene 25,3% del paquete accionario. Según fuentes de la compañía, en representación del Estado asumió Eduardo Kiles.

En Central Puerto, una de las generadoras termoeléctricas más grandes del país, tras intensas negociaciones se concretó la incorporación del arquitecto Edgardo Luicen en representación del Estado.

En Distribuidora Gas Cuyana, la licenciataria del servicio público de distribución de gas natural en la región cuyana, la ANSES designó como director a Ernesto Guillermo Leguizamón, quien también es director suplente de TGS.

En el Banco Macro, donde la ANSES posee 26,6% de las acciones aunque sólo tiene un voto dentro del directorio. Como representante asumió Hugo Alvarez, un hombre cercano al kirchnerismo.

En Consultatio, la ANSES tiene 26,62% del capital del grupo de Constantini. La designación de Teófilo Aleonada Aramburu se dio sin conflictos entre las partes. Alconada formaba parte del equipo de Sergio Massa cuando estaba al frente de la ANSES.

Aún resta ver qué ocurrirá en empresas como Grupo Clarín, Telecom, Molinos Río de la Plata, Autopista del Oeste en San Miguel y en Solvay Indupa. Pero todo parece indicar que no será nada fácil lograr que allí se sienten representantes del Estado.

A PESAR DE LAS RESISTENCIAS, EL ESTADO PUEDE CONTROLAR

-Según prevé la Ley de Administración Financiera, el Estado puede controlar mediante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a las empresas privadas donde tiene participación accionarla. A pesar de este derecho, la designación de directores del Estado en las empresas privadas generó ciertos resquemores entre los empresarios más poderosos. Tal fue el grado del rechazo que hace diez días el Grupo de los Siete, que reúne a las cámaras con mayor peso en la economía local, dejó trascender la molestia.

El "avance del sector público sobre la actividad privada", como definió Carlos Wagner, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, al nombramiento de directivos estatales no fue otra cosa que ocupar los lugares que le correspondían al Estado por las acciones que había heredado de las AFJP. Aún así, hubo un rechazo cerrado. Wagner habló después de una reunión entre los representantes de las cámaras de mayor peso en la economía local: Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio. Pero la ley 24.156, la SIGEN y la Auditoria General de la Nación son "órganos rectores de los sistemas de control interno y externo" en las empresas y sociedades del Estado y donde éste tenga "participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias".

Pero, además, una autoridad pública puede pedir una auditoría sobre un sector de la economía en particular.

UNA MANO. Había directores que trabajaban más vinculados con el sector privado y no acostumbrados al proceso que vivimos ahora. Vivimos en un mundo en el que lo público y lo privado se tienen que dar la mano para garantizarle el trabajo a la gente, el crecimiento económico", explicó el jefe de Gabinete Sergio Massa. El ex titular de Anses insistió: "Hay que cuidar lo más importante que tiene la gente que es el trabajo".

"Lo que se está cuidando es el patrimonio de todos", recalcó el funcionario.