Sección: Opinión

  

Tras la renuncia del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, un nuevo organismo de control se encuentra en riesgo de resignar su independencia y capacidad de intervención.

 

Luego de que se tratara de recortar las facultades del titular de la Auditoría General de la Nación, para impedir de ese modo la difusión de los informes críticos, y de que se viera forzado a renunciar el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas después de que se redujeran sus facultades, otro dispositivo de control de los actos de la administración pública nacional puede verse debilitado.

 

En un contexto en el que crece la necesidad de incrementar la transparencia, de garantizar la independencia y la eficiencia de los organismo de control, el Estado no ha ido tomando las decisiones más adecuadas en la materia, lo cual ha ido generando costos considerables y evitables. La corrupción afecta a todos los miembros de la sociedad, ya que implica un mal uso de los recursos públicos y, además, desalienta inversiones. Este último punto ha sido explícitamente señalado por un reciente informe del Departamento de Estado de los EE.UU. sobre el clima de inversión en la Argentina, advirtiendo sobre el problema de la corrupción.

 

La preocupación ahora, entonces, se dirige a la Defensoría del Pueblo, un cuerpo encargado del esclarecimiento de los actos de la administración pública nacional que impliquen el ejercicio ilegítimo de sus funciones. Esta institución que ya cuenta con quince años de existencia se encarga también de proteger a los usuarios por las deficiencias en la prestación de servicios públicos. El Defensor del Pueblo de la Nación es designado por una resolución de los titulares de ambas cámaras del Poder Legislativo. Para construir un Estado más racional y transparente, que cumpla adecuadamente con sus obligaciones, y para que se sancionen sus faltas, es necesario que la Defensoría cuente con una independencia y eficiencia creciente. Lo inverso agravaría el problema de la corrupción.

 

A los problemas padecidos por la Auditoría General y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se le suma la hoy vacante Defensoría del Pueblo. Un control débil favorece la corrupción.