En 2005, tres empleados públicos de Mendoza cambiaron sus autos particulares con dinero de un fondo destinado al desarrollo de proyectos productivos. El dato aparece en un fallo del Tribunal de Cuentas provincial, publicado en el Boletín Oficial el 29 de abril del año pasado.

Según el fallo, los agentes son Eduardo Fernández, de planta permanente, y María Soledad Perelló, una contratada, que recibieron préstamos por $ 10 mil cada uno, mientras que Claudia Astudillo, también de planta, obtuvo un crédito de $ 7 mil.

El dinero corresponde al Fondo de Financiamiento e Inversiones Públicas y Privadas, una iniciativa pensada para llevar adelante emprendimientos ganaderos, agroindustriales, mineros y, en especial, proveer de mallas antigranizo a las zonas cultivadas. El proyecto depende directamente del Gobernador mendocino y lo maneja la “Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento”, un ente integrado por los ministros de Producción, Tecnología e Innovación, de Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y Transporte. El organismo de control falló sobre la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2005 presentada por el ente administrador.

Los empleados involucrados, por su parte, manifestaron que los préstamos “no fueron otorgados para fines particulares”, y que el dinero no era ajeno a los objetivos establecidos en la ley de 1993, la 6071, que creó el Fondo para la Transformación.

Desde el Tribunal de Cuentas, el Contador Revisor, señaló que “el otorgamiento de préstamos destinados a cambiar vehículos particulares de contratados y empleados de la entidad, no encuadra en ningún artículo de la Ley” y, además, afirmó que el hecho está “expresamente prohibido por el estatuto del empleado público”. En tanto, la Secretaría Relatora opinó que el argumento de los agentes no puede considerarse suficiente para salvar al ente administrador del fondo de una sanción.

Así, el organismo de control decidió aplicar una multa de $ 500 al director ejecutivo del ente, Jorge Luis Alberto Tieppo, al subdirector de administración, Carlos Alberto Monforte, y al subdirector de financiamiento, Lisandro Nieri. Asimismo, esos funcionarios no podrán librarse de los cargos hasta que prueben documentadamente que los empleados cancelaron la totalidad de sus préstamos.