El juez del caso Patucho tomó una decisión trascendente para la causa por enriquecimiento ilícito: llamó a indagatoria al ex ministro de Bienestar Social, Santiago Eduardo Alvarez, y de esa manera cortó de cuajo la posibilidad de que el imputado pidiera la prescripción de la acción penal.

El juez Nestor Ralli citó a Alvarez hace algo más de un mes, en la tercera semana de febrero, pero el trámite no se terminó cumpliendo porque el propio magistrado lo postergó. ¿El motivo? Los dos peritos oficiales que están realizando una pericia contable sobre los bienes de Patucho pidieron más tiempo para concluir su trabajo. Las sospechas primarias apuntan a que no pudo demostrar patrimonio por 1.727.153 pesos a valores históricos.

Sin embargo, la demora en ser indagado no modifica en nada aquello porque con la sola citación a indagatoria los plazos para la prescripción de la acción penal empezaron a contarse de cero. O sea que deberían pasar seis años para que la causa quedara prescripta, siempre y cuando en ese período no la interrumpiera alguna de las cinco secuelas de juicio.

¿Cuáles son las causales de las secuelas? La comisión de otro delito; el primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.

Alvarez y su entorno venían especulando con la prescripción, por extinción de la acción penal, aduciendo que pasó el tiempo máximo de la pena por enriquecimiento (seis años de prisión) desde que se fue de la administración pública provincial. Como este es un delito que se comete estando en la función pública, Patucho especuló que como dejó de ser funcionario provincial el 20 de septiembre de 2002 -renunció como vocal del directorio del Ente Provincial del Río Colorado para irse al Programa Federal de Salud (Profe), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación-, los seis años se cumplieron el 20 de septiembre de 2008. Igualmente esa especulación nunca fue planteada formalmente en el expediente porque hasta la citación a indagatoria él no estaba comprometido judicialmente.

Sin embargo, Ralli tendría dos argumentos para refutar ese pensamiento. Uno es que el enriquecimiento ilícito se investiga "hasta dos años después de haber cesado en su desempeño" (artículo 268/2 del Código Penal), por lo que el punto de partida para contar los seis años sería el 20 de septiembre de 2004. Y el otro es que hasta hace poco Alvarez habría retenido un cargo en la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Educación. Y para la justicia penal el término funcionario público incluye no sólo a los que nombrados políticamente sino a todos los empleados de la administración.

Los últimos tiempos.

La investigación por enriquecimiento contra uno de los hombres fuertes en los tiempos del marinismo llevaba dos años casi paralizada -por la extensa licencia y el posterior retiro del ex juez Jorge Luis Howe- hasta que Ralli, a mediados de diciembre, ordenó el allanamiento de la casa particular de Alvarez y del estudio contable que lleva sus papeles.

Desde un primer momento todos los que tuvieron relación con la causa supieron que establecer el presunto enriquecimiento sería muy difícil. La principal razón es que el imputado declaró ante el Tribunal de Cuentas que su patrimonio está compuesto mayoritariamente por animales y por acciones. Otra cosa hubieran sido inmuebles y vehículos, porque las pruebas son más sencillas de conseguir.

De todos modos, el optimismo del Juzgado de Instrucción 6 sería mayor hoy que hace unos meses. Cuando el ex secretario del tribunal, Miguel Vagge, concurrió a la Caja de Valores de Buenos Aires para seguir la pista de las acciones en el mercado bursátil, se vino casi con las manos vacías y la poca información que obtuvo fue con relación a los últimos diez años. Sin embargo, los contadores que están al frente de la pericia habrían dado un paso adelante ya que habrían accedido a datos importantes.

Lo que sí estaría descartado es seguir las "huellas" de las acciones desde 1983, cuando Patucho fue designado funcionario provincial. La idea sería apuntar especialmente a los últimos años de su gestión al frente del M.B.S. (hasta diciembre de 1999), su paso por el directorio del Ente Provincial del Río Colorado y los dos años posteriores a su alejamiento del gobierno provincial. Por eso en el allanamiento realizado en Organización Canar, donde trabaja el contador de Patucho, se pidieron especialmente los libros contables y otros registros de entre los años 2000 y 2004.

Muchas idas y vueltas.

El punto de partida de la causa penal hay que buscarlo en las declaraciones de Alvarez ante el TdeC. Este organismo dictó una resolución el 13 de junio de 2005 afirmando que el imputado no había podido justificar un incremento patrimonial de 1.727.153 pesos, sin contar las acciones.

El declaró que poseía inmuebles, automóviles y animales; pero en esas declaraciones juradas ante el Tribunal de Cuentas también surge que tenía acciones de empresas líderes como Acindar, Atanor, Celulosa e Ipako por ¡¡110 millones de pesos!!Esos papeles, de acuerdo al propio Patucho, los compró en septiembre y octubre de 1991, aunque ni los propios peritos creen que esa suma sea real. Lo llamativo es que nunca fue desmentida ni por el Tribunal de Cuentas ni por el propio Alvarez.

"Debe tenerse en cuenta que existe una importante operatoria en la Bolsa (de Valores), no pudiendo establecerse si la variación patrimonial se debe a diferencias entre compras y ventas, o a diferencias en los valores de cotización, ni de dónde surgen los ingresos para comprar las acciones iniciales", manifestó el Tribunal de Cuentas en el informe que le enviara a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas antes de que el caso se judicializara.

Cinco meses después, el 25 de noviembre de 2005, el entonces titular de la F.I.A., Enrique Manuel Romero Oneto (debió renunciar tras un juicio político y aún tiene una causa penal abierta) promovió la denuncia penal contra el ex ministro y ex presidente del Concejo Deliberante de Santa Rosa; aunque quien realmente se ocupó del tema y lo instaló públicamente fue el gremialista Omar Lara.

Entre el dictamen del Tribunal de Cuentas y el pedido de Romero Oneto, Alvarez planteó la primera de una larga lista de "chicanas" para alargar los tiempos procesales. Adujo que dos dictámenes del TdeC eran nulos, pero el Superior Tribunal de Justicia le denegó esa petición.

El Tribunal le objetó las DD.JJ. fechadas el 3 de febrero de 1992 (por 81.136 pesos), el 28 de diciembre de 1995 (285.643,20), el 3 de enero de 2000 (194.786,38), el 30 de agosto de 2001 (267.211,70) y el 30 de septiembre de 2002 (898.375,80). Ese tiempo perdido pudo no haber sido tal si el propio TdeC hubiera requerido directamente a la justicia penal que investigara el patrimonio del imputado.

Cuando el juez Howe abrió la causa halló un segundo obstáculo: la fiscal Alejandra Ongaro dijo que Howe era incompetente y que el expediente debía quedar en manos del juez Carlos Flores porque a su juzgado había ingresado -muchos meses antes- una denuncia de Lara contra Alvarez. Pero como Howe se mantuvo firme, Ongaro dio marcha atrás y aceptó esa decisión.

Después la causa continuó teniendo muchas idas y vueltas, a tal punto que el S.T.J. tuvo que volver a intervenir para confirmar que Howe era el juez de la causa. Fue una ratificación de lo que había dicho previamente la Cámara en lo Criminal de General Pico, aunque ésta tardó ocho meses en dictar una simple resolución sobre una incompetencia.

Ahora parece que los tiempos se acelerarán. Por lo menos, antes la citación a indagatoria, Alvarez designó un abogado, Francisco Marull.