Esta postura tiene que ver con la decisión oficial de recortar los alcances de la tarifa social, por lo que las familias que la utilizaban ahora tendrán que pagar el gas a precio de mercado, con los aumentos correspondientes, y con una bonificación que sólo se aplicará a bloques mínimos de consumo. Es decir, antes estos usuarios sólo abonaban el precio de transporte y distribución, pero desde hoy tendrán que pagar también el precio del producto. 
“Ya habíamos advertido que 7 de cada 10 personas quedaban afuera de la tarifa social porque les exigían requisitos inflexibles y alejados de la realidad. Ahora se suma que nos enteramos por el Boletín Oficial que le sacan a la gente el único beneficio que tenían, dejándoles una bonificación mínima que no alcanza a cubrir, por ejemplo, la demanda de una familia de cuatro personas”, indicó Lorenzino. 
En esa línea, el Defensor del Pueblo volvió a cuestionar “los aumentos irracionales a los que el Gobierno somete permanentemente a los consumidores”, y expresó la necesidad de que “se informen detalladamente y con antelación estas modificaciones que impactan de lleno en el bolsillo de la gente”. 

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