La oficina anticorrupción busca oficina en Paraná
Este organismo, que en rigor reemplaza a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, está por ahora en manos de Gustavo Acosta, ya que su responsable, Luis Pedemonte, ocupa un puesto en el Poder Judicial.
La Fiscalía de Estado, de la que depende la OA, lanzó un cotejo de precios para alquilar un inmueble para ubicar al organismo de lucha contra la corrupción que no deberá estar a más de tres cuadras de la Casa de Gobierno.
Es que la casa que ocupa hoy por la Oficina en Rivadavia y Falucho, finca donde supo estar entre 1999 y 2003 el despacho del entonces diputado provincial Guillermo Guastavino, quedará en poder exclusivo de la Dirección de Sumarios, que se trasladó allí hace un par de meses, compartiendo el espacio con la OA.
En Rivadavia y Falucho funcionó la Oficina desde su puesta en marcha en 2004, luego de que el 30 de diciembre del 2003, y a poco de ocupar el gobierno la administración justicialista, la Legislatura derogó la ley de creación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y traspasó sus bienes y funciones a la Fiscalía de Estado.
El 5 de enero, mediante decreto 150, se modifica la estructura de la Fiscalía y se crea la OA, con la facultad de efectuar auditorias jurídicas y contables, verificaciones, informes, encuadres normativos y conclusiones que le sean encomendadas por el Fiscal de Estado y/o el Poder Ejecutivo.
Poco después, se amplían, también por decreto, las funciones de la OA y se la habilita a "recibir denuncias de particulares y agentes públicos, efectuar investigaciones al respecto e interponer denuncias ante la justicia, constituirse como querellante".
El primer titular de la Oficina fue Luis Pedemonte, quien dejó de ser responsable (pese a que así continúa figurando en el sitio web del organismo) para pasar al Poder Judicial. En su reemplazo quedó Gustavo Acosta, un abogado que trabajaba en la dependencia junto a Pedemonte.
Lo OA es el organismo de aplicación del decreto de acceso a la información pública. Sobre esta temática y también sobre la ética pública, la Oficina elaboró proyectos de ley que no fueron aprobados por la Legislatura.