La legisladora provincial elevará este lunes un proyecto en la Unicameral. Según argumentó el organismo se encentra realizando “actividades que no están contempladas dentro de sus funciones”.
La legisladora provincial Liliana Montero presentará este lunes un pedido de informes sobre la actividad del Defensor del Pueblo de Córdoba. El proyecto, que es la segunda iniciativa legislativa sobre el organismo en lo que va del mes, se origina en una información periodística del diario Perfil Córdoba que “da cuenta de que las actividades habituales del organismo no están contempladas dentro de sus funciones”.

Según citó, “el organismo es un patrocinador habitual de festivales y artistas”. Al mismo tiempo hizo referencia al "especial vínculo con Juan Ángel Monelli, más conocido como Ángel Martín (quien se autodenomina "la voz romántica"). El cantante es empleado de la Defensoría pero, además, estaría relacionado en la contratación de otros servicios”, señala el proyecto por el cual pide informes.

En este marco, la legisladora pedirá que se indague sobre “los gastos en publicidad, los convenios con municipios del interior para adherir a distintos festivales y la Fundación Alternativa Ocupacional y Social”; además, del presupuesto asignado a cada programa, la evaluación de la necesidad de cada programa, los responsables y personal afectados así como los resultados obtenidos.

Según las averiguaciones de Montero, “este año el presupuesto de la Defensoría del Pueblo es de 85.670.000 pesos. De este total, 67,5 millones está destinado a personal pero más la mitad de esta cifra (35,3 millones) está designada para personal no permanente. Además, el rubro publicidad se le asignó 4,1 millones”.

Cabe recordar que la semana pasada, la legisladora presentó un proyecto de resolución en el que se indica a la Defensoría que “remita de manera inmediata el Informe Anual 2016. Este debía haber estado presentado por ley antes 1º de marzo del 2017”.

"Es necesario entender que estas instituciones fueron concebidas para que los ciudadanos se sientan protegidos frente al poder político y económico. Lejos de cumplir esa función, la Defensoría del Pueblo ha servido para proteger al poder y principalmente para ser un reducto de nombramientos de personas adeptas a su titular y con funciones poco claras", manifestó Montero.