El órgano se declaró incompetente porque determinó que el sitio no fue pagado por la Provincia.

"Cuanto más nos controle el tribunal es mejor para nosotros. No tenemos qué esconder". El desafío fue proferido el 26 de agosto por el gobernador, José Alperovich, respecto de la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TC) indague si se realizó un daño patrimonial al Estado con el alquiler, por sólo dos horas, de un stand en la Sociedad Rural de Palermo.

La denuncia había sido promovida por el legislador opositor Esteban Jerez (Juan B. Alberdi), quien había instado al organismo contralor a determinar si el mandatario y el presidente del Ente Tucumán Turismo, Bernardo Racedo Aragón, eran responsables de causar un perjuicio al erario público.

Argumentos

Tras la investigación, y mediante el Acuerdo Nº 2.881, del 17 de octubre, el TC se declaró incompetente en relación a la denuncia, debido a que el Gobierno provincial no destinó dineros para dicho alquiler. "El espacio y stand fueron contratados y abonados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el marco de los programas de Turismo y Cultura y Fomento a la Producción y al Desarrollo Regional", argumentaron el presidente del Tribunal, Miguel Chaibén Terraf, y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.

Vida corta

El espacio tucumano en la célebre exposición agrícola-ganadera tuvo apenas dos horas de vida y luego fue pintado de negro y cerrado abruptamente, sin previo aviso, en la noche del viernes 25 de julio. Se calcula que el gasto rondó los $ 70.000, entre el alquiler del lugar en el predio ferial ($ 37.000) y el montado de la estructura. En otras palabras, la presencia de Tucumán en la muestra demandó alrededor de $ 583 por cada minuto que permaneció abierto al público.

Jerez había solicitado al TC que, debido a la decisión de cerrar el stand apenas abierto, iniciara un juicio de cuenta contra el gobernador y contra Racedo Aragón.

El organismo de control constató la inexistencia de erogaciones, por parte de la Provincia, que tengan que ver con la contratación o con la instalación del espacio de propaganda en la Rural, según el informe remitido por el Departamento de Rendición de Cuentas de Organismos Descentralizados.

Paralelamente, el Acuerdo expresa que se adjuntaron las facturas mediante las que se consigna que los gastos fueron abonados por el CFI. "Debido a la participación de un considerable grupo de provincias en la 122ª Exposición Rural y dada la fuerte demanda por espacios, estos fueron contratados por el CFI con una antelación considerable, en este caso setiembre de 2007", agregaron Terraf, Díaz Ricci y Vidal, a partir de los informes a los que accedieron.

En virtud del análisis de los datos requeridos, los vocales del TC acordaron declarar la incompetencia del organismo y archivar las actuaciones realizadas.