Publicado: 03-03-2013
   
El gerente general de YPF, Miguel Galuccio, no es el único integrante del Estado nacional que no informa sus bienes a la Oficina Anticorrupción (OA). Dentro del Poder Ejecutivo Nacional hay más de cien funcionarios que no presentan sus declaraciones patrimoniales y otro centenar de ex funcionarios que se fueron sin cumplir con la Ley de Etica Pública. 

Ese dato se desprende del listado oficial de "cumplidores e incumplidores" de la OA, que el organismo publica periódicamente en su página web y cuya última actualización corresponde a diciembre del año pasado. La gran mayoría son funcionarios de bajo rango, pero la cifra podría ser aún mayor, ya que no incluye a todos aquellos que aún no entregaron las presentaciones correspondientes al año 2011.

La Ley 25.188 exige que las personas obligadas presenten tres tipos de declaraciones juradas: una "inicial" cuando arriban al cargo, una "anual" por cada año que se mantienen en el puesto y, por último, una de "baja" cuando se retiran.

El órgano de control informó que existe un total de 255 incumplimientos. Entre ellos, se encuentran 113 que no entregaron el primer informe patrimonial, 42 que deben alguna anual y exactamente cien que se fueron sin revelar su fortuna.

La responsabilidad de exigir las declaraciones juradas le corresponde a la OA, un órgano que depende del Ministerio de Justicia y está encabezado por Julio Vitobello. El castigo para los incumplidores es el descuento del 20% del sueldo y, si se demuestra que la omisión fue "maliciosa", dos años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos.