Según los propios cálculos oficiales, Aerolíneas Argentinas y Austral cada vez valen menos. El Tribunal de Tasaciones de la Nación modificó el valor de las dos empresas a u$s895 millones, unos u$s63 millones menos de los u$s832 millones negativos que había fijado en octubre, cuando se discutía con el grupo Marsans una posible compraventa de acciones. La mayor cantidad de aportes del Estado a las compañías que se computan como deuda, la pérdida de porcentaje de mercado tanto en vuelos de cabotaje e internacional y la depreciación de otros activos impactaron sobre la aerolínea de bandera. Así también se confirma que el pasivo de la compañía sigue incrementándose con el Estado como principal responsable y acreedor.

Cuando hace unas semanas, el Gobierno inició el juicio de expropiación ante el juzgado federal de Rita María Ailán, el Tribunal de Tasaciones replanteó el valor del bien en discusión que había fijado a fin del año pasado.

Los giros del Estado para pagar sueldos, gastos y cubrir las pérdidas mensuales de Aerolíneas y Austral superaron los 300 millones de dólares (unos $1.100 millones) en 2008. Este dinero se registró en la cuenta del debe de la empresa y no como aportes de capital, como inicialmente había proyectado el Gobierno. Así, estos fondos engrosan el pasivo de las dos compañías, por encima de los 920 millones de dólares.

El giro en la política comercial de la empresa también afectó su valor. El porcentaje de mercado de Aerolíneas-Austral en cabotaje cayó del 80% al 65% en los últimos meses, según distintas fuentes. LAN Argentina copó plazas rentables en las que la firma estatal redujo sus vuelos o los reorientó a lugares que no dejan ganancias.

Las cifras últimas del balance 2008 todavía son una incógnita. Supuestamente, la Auditoría General de la Nación controlará las cuentas de las firmas estatizadas, pero está en veremos la firma de un convenio.

La actualización del valor de Aerolíneas-Austral se hizo junto con el depósito de un peso en el juzgado federal de Ailán por parte de los abogados del Gobierno. Éste sería el precio simbólico que el Estado acepta pagar por las dos aerolíneas. Por su parte, los abogados de Marsans, los anteriores propietarios de las empresas, rechazaron la expropiación y recusaron a la jueza Ailán, a quien en los pasillos políticos se la menciona como muy cercana a la Casa Rosada. Los letrados pidieron un sorteo del juzgado y no una designación arbitraria del juicio de expropiación.