La concejal basualdista Marcela Carrasco hizo una presentación ayer ante el Tribunal de Cuentas para que el organismo verifique si hubo perjuicio fiscal por parte de la Municipalidad de Caucete en una contratación directa para la construcción de una subestación transformadora para proveer energía a la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino que tuvo lugar en marzo.

Según la concejal, el municipio contrató a la distribuidora DECSA en forma directa cuando debió llamar a licitación pública porque se trataba de una obra con un costo de 60.000 pesos. La legislación vigente dice que las contrataciones o compras directas no deben superar los 4.000 pesos.

Desde el municipio, el intendente Juan Elizondo dijo que "estamos tranquilos porque hemos cumplido los pasos legales". Y el asesor legal de la comuna, el abogado Fernando Rahmé, explicó que la decisión de contratar a DECSA, una empresa con capital estatal que ya presta el servicio de mantenimiento de la red eléctrica en Caucete, se debió a que si no se hacía la obra se corría el riesgo de sobrecargar las líneas y dejar sin electricidad al sector oeste del departamento. Allí se encuentran, por ejemplo el Barrio Justo Castro, un gran conglomerado poblacional.

"El contrato fue aprobado por el Concejo Deliberante y DECSA tiene el control del Tribunal de Cuentas", fundamentó el abogado.