Revocan un sobreseimiento: Coscia volverá a ser investigado por el manejo de fondos del Incaa.

El Gobierno sufrió ayer un nuevo traspié en los tribunales: la Cámara Federal porteña ordenó reabrir una causa contra el secretario de Cultura, Jorge Coscia, por un presunto manejo irregular de fondos destinados a promover la industria del cine. 

Por dos votos contra uno, la cámara revocó un sobreseimiento que el juez federal Norberto Oyarbide había dictado en favor de Coscia y ordenó que la causa vuelva a primera instancia para que la instrucción se encamine "en dirección a determinar la existencia material de un delito durante la presidencia de Jorge Edmundo Coscia al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa)". 

Coscia fue designado responsable del Instituto en marzo de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Confirmado en su cargo por Néstor Kirchner, obtuvo un importante aumento presupuestario para el Incaa y la autarquía para manejar los fondos. En 2005, dejó el organismo y fue elegido diputado nacional por el oficialismo, mandato que desempeñó hasta julio pasado, cuando asumió como secretario de Cultura. 

En la causa que acaba de reabrirse lo acusan de haber montado "mecanismos poco transparentes" para la entrega de créditos y de subsidios, haber autorizado "elevados montos de viáticos" y no haber cumplido con los "procedimientos y controles en materia de contrataciones". 

A juicio de Oyarbide, esas irregularidades, si es que existieron, no configuraron delito alguno. Según lo narrado por los camaristas en su fallo de ayer, el juez entendió que las aparentes fallas en los controles habían sido consecuencia de un "contexto caótico predecible" porque durante la gestión de Coscia se habían modificado las normas que regulaban la entrega de subsidios. 

Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que ayer votaron por la reapertura del caso, discreparon con el juez de primera instancia. 

Consideraron que el sobreseimiento de Oyarbide había sido prematuro, que sus argumentos no bastaban para cerrar "de modo definitivo" la causa y que aún subsistían "los interrogantes que motivaron el inicio de la investigación en relación con las distintas irregularidades en el manejo, administración y custodia de los fondos" del Incaa. 

Según Ballestero y Freiler, las pruebas del expediente "permiten entrever, durante la presidencia de Coscia, un habitual incumplimiento de los procedimientos", conducta que podría configurar un delito. 

El otro camarista del tribunal, Eduardo Farah, votó en disidencia. Propuso confirmar el fallo de Oyarbide por un motivo formal: sostuvo que las apelaciones no tenían suficiente fundamento y que, por eso, debía declararse mal concedido el recurso. 

El argumento central del fiscal de primera instancia, Eduardo Taiano, en contra del sobreseimiento había sido que quedaban medidas pendientes; por ejemplo, la determinación de los montos de las irregularidades que habían detectado los dos máximos organismos de control de las cuentas públicas, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN). En el mismo sentido se pronunció después el fiscal de Cámara, Germán Moldes, que sostuvo, además, que "el escaso plexo probatorio obtenido había sido valorado de manera sesgada". 

En las próximas horas, el expediente volverá a Oyarbide, que deberá ordenar medidas para reactivarlo. 

Este no es el único caso que Coscia tiene pendiente en la Justicia. Lo denunciaron, además, por enriquecimiento ilícito, y si bien Oyarbide también lo sobreseyó por aquella acusación, fuentes judiciales informaron que ese expediente tampoco está cerrado en forma definitiva y podría ser reabierto.