San Juan.- Los 3 hombres, entre ellos el presidente Abecasis, discrepan con las 2 mujeres.

El día que estaba previsto que los diputados escucharan las opiniones de los integrantes del Tribunal de Cuentas con respecto al proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo para recortar atribuciones al organismo, como es la eliminación del juicio de responsabilidad, quedaron a la luz las diferencias internas entre los miembros. Mientras los hombres, con el presidente Isaac Abecasis a la cabeza, manifestaron tener fuertes cuestionamientos al proyecto porque "habrá menos controles", las mujeres, entre las que se encuentran las vocales Graciela Chavez y Laura Yanzón, expresaron sus coincidencias con la iniciativa.

"Es un proyecto claro y amplio y acorde al fallo de la Corte de Justicia", dijo la vocal Yanzón sobre el proyecto.

De los 5 miembros, que es la primera vez que van juntos a Diputados, 3 fueron designados a propuesta del Gobierno, que son Abecasis, Pedro Belenguer y Graciela Chavez, mientras que los otros representan a partidos políticos. Yanzón al bloquismo y Fernando Manrique al basualdismo.

Las discrepancias no son nuevas y de hecho impidieron que, por ejemplo, se pudiera aprobar la cuenta 2008 del propio Tribunal, pero ahora quedaron a la luz al punto que fuentes del bloque oficialista dijeron que hasta los mismos legisladores sintieron incomodidad porque se supone que dentro de un organismo todas las voces tendrían que ser acordes. Pero no es así en el caso del Tribunal de Cuentas. También la reunión se dio en un clima de tensión que hay entre los miembros del organismo con el Ejecutivo, aunque Abecasis aclaró que "no juzgo políticamente la actuación de nadie. Los legisladores legislan y nosotros tenemos que ajustar nuestra conducta a lo que dice la Constitución y la ley".

El motivo del encuentro fue escuchar las opiniones de los miembros del Tribunal porque está previsto que en la sesión legislativa de mañana se trate un proyecto que apura el Gobierno sanjuanino. Es para limitar las atribuciones de la repartición, como son llevar adelante juicios de responsabilidad para enjuiciar en sede administrativa a los funcionarios para que paguen con su patrimonio cuando le ocasionan un perjuicio económico al Estado. Y también se reducen los montos de las multas que el Tribunal les cobra a los funcionarios incumplidores.

En el encuentro de ayer no se habló de la revisión de las cuentas del organismo, a pesar de que es uno de los puntos que está expresamente incluido en la iniciativa, ni los miembros insistieron con defender la atribución que tenían hasta ahora de llevar adelante el juicio de responsabilidad. Esa posibilidad fue cuestionada por un fallo de la Corte de Justicia, que sirvió de basamento para el proyecto de ley que elaboró la asesora letrada de Gobierno, Ana María Alcobas.