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La Justicia Federal marplatense ordenó a la Subsecretaría de Pesca de la Nación que presente un plan sustentable para proteger la merluza Hubbsi, un recurso diezmado en el Mar Argentino debido a la sobrepesca.

Parece una locura imaginar que la vida de un pez depende de un fallo judicial. Pero en la Argentina, nada es imposible. De hecho, la supervivencia de siete de cada 10 de los ejemplares adultos de merluza Hubbsi, que transitan por el Mar Argentino, depende de esa resolución.

Es que el 70 por ciento de los peces de esa especie fue desapareciendo en los últimos 20 años gracias a la sobrepesca. A raíz de ello, el juez federal de Mar del Plata, Alberto López, le ordenó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación que presente inmediatamente un plan sustentable e integral que permita proteger el recurso pesquero. Pero el Estado se opuso. Ahora la Cámara Federal de Mar del Plata se dispone a ratificar el fallo en busca de poner un freno a la depredación ictícola en el Mar Argentino.

En la Argentina, un país con una de las plataformas marítimas más extensas en el mundo, el negocio de la pesca es oscuro y conflictivo. Todos parecen enemistados con todos y en esa pelea de sordos, el gran botín apunta a la repartija del sistema de cupos creado en 1998 por la Ley Federal de Pesca, y la denuncia recurrente termina en la falta de controles a los barcos extranjeros. Pero el reconocimiento es unánime a la hora de admitir la crisis: el caladero quedó en peligro de colapso, las fuentes del Mar Argentino han quedado vaciadas y algo hay que hacer para evitarlo.

Los sabuesos del mar lo saben bien: si las peleas entre sectores se vuelven más agresivas, es porque cada vez hay menos peces para repartir. Fue así como a la Cámara Pesquera Marplatense se le ocurrió presentar un recurso de amparo contra el Estado Nacional, en el que denunció por "inconstitucionales, ilegítimas y arbitrarias" las resoluciones del Gobierno Nacional por las cuales se permitió la operatoria de buques congeladores al norte del Paralelo 48.

En su presentación, la Capemar consideró que esas medidas permitieron la "depredación del recurso de la merluza Hubbsi" y la "destrucción del caladero", además de poner en riesgo 3.000 puestos de trabajo. La entidad pesquera así buscó que fuera la Justicia la que pusiera freno a la situación y, sorpresivamente, encontró un respaldo en los tribunales.

El escenario. La pesca es una actividad de carácter estratégico para nuestro país que, año tras año, reporta unos 1.000 millones de dólares en exportaciones. Pero hay una sumatoria de factores que influyen en la crisis que hoy ponen al borde de la desaparición a la merluza: el pescar más de lo que el ambiente permite, se junta con la captura de ejemplares juveniles que no han llegado a reproducirse, el no respeto a las áreas y épocas de veda y el descarte pesquero que está prohibido por ley.

Según explican los expertos en el tema, "en el país nunca hubo una ley de pesca general ni una política pesquera y desde los 60 la actividad se desarrolló en un contexto de vacío institucional, sin reglas de juego, en donde cualquiera podía pescar cuanto pudiese sin necesidad de un permiso, pero a fines de los 90, cuando comenzó la crisis, ya era difícil cambiar las cosas: el sector llevaba 30 años empleando trabajadores en negro, subdeclarando el volumen de capturas y operando en el mar con absoluta libertad".

Es que, con la gestión mene-mista y la necesidad de mejorar las exportaciones, el Estado decidió explotar los recursos pesqueros a su máximo nivel y los mares argentinos se llenaron de buques congeladores extranjeros. Recién en el 97 y, después de dos años de gestiones, el Congreso aprobó la Ley Federal de Pesca (ley 24.922), que estableció cuotas individuales de captura, instrumento que regulaba y ordenaba el caladero que ya estaba en riesgo.

Del mar al juzuaixi. Lo cierto es que cuando el recurso de amparo de Capemar llegó al juzgado, el juez López tuvo que empaparse del "delicado presente" de la merluza Hubbsi y entender el "largo historial de políticas pesqueras desafortunadas" que -según la denuncia- convirtieron "al Mar Argentino en un verdadero festín de excesos, alentando el fantasma de desocupación y despidos".

Uno de los pilares del expediente fue el informe de la Auditoría General de la Nación que -entre el 2002 y el 2006- detectó "falencias en el control y faltade transparencia" porparte de la Subsecretaría de Pesca de la Nación en los buques que cazaban merluza y calamar. "Los recursos pesqueros sufren una alarmante depredación y el país no alcanza a advertir las luces rojas que alertan sobre la alarmante situación que atraviesa la pesca, que es uno de nuestros principales recursos de exportación", dijo el presidente de la AGN, Leandro Despouy.

Frente a ello, el juez López convocó a audiencias públicas a todos los sectores de la pesca, a representantes de organizaciones ambientales como la Fundación Vida Silvestre y Cedepesca, a expertos de la Auditoria General de la Nación y a asesores de la Subsecretaría de Pesca, para que explicaran el problema: los funcionarios nacionales brillaron por su ausencia.

En el expediente judicial al que accedió El Federal, el Gobierno se encargó de negar por escrito las acusaciones: desmintió la "arbitrariedad" o "ilegalidad" de las normas y prometió que pronto quedaría "en absoluta evidencia la imperiosa necesidad de procurar la vigencia de las resoluciones, en procura de la defensa de los recursos ictícolas y su relación con la preservación del medio ambiente". Incluso, denunció que la causa judicial no se había iniciado para proteger a la merluza de su desaparición, sino para que se excluyera de la captura a los buques congeladores".

Ajeno a las internas y tras un año de reuniones, el juez López ordenó que la Subsecretaría de Pesca elaborara de inmediato "un plan sustentable e integral de preservación y protección del recurso pesquero", con la finalidad de "concienciar sobre la necesidad de proteger los recursos marítimos", y cumpliera con las recomendaciones de la AGN.

Ese fallo debería haberse cumplido inmediatamente, pero quedó suspendido por una apelación del Estado ante la Cámara Federal de Mar del Plata que, en los próximos días, debe dar a conocer su decisión. Según adelantaron a esta revista fuentes judiciales, el tribunal ratificaría el criterio del juez López.

Silhncio oficial Esta revista hizo gestiones durante un mes para obtener respuestas de la Subsecretaría de Pesca, que permitieran conocer la opinión oficial sobre esta causa.

Los voceros del organismo prefirieron esperar que fuera la Justicia la que se expidiera primero y optaron por el silencio. Así prefirieron no aclarar en qué puntos acertaba o erraba la denuncia judicial.

Tampoco pudieron esclarecer qué modificaciones se habían hecho hasta ahora para mejorar la sustentabili-dad del recurso de la merluza ni plantear un diagnóstico sobre la situación actual de los mares argentinos. Algo, sin embargo, debe haber pasado en el seno de la Subsecretaría después de este fallo. Jaqueado por el agravamiento de la crisis de la merluza, Gerardo Nieto, el funcionario santacruceño que estuvo cinco años al frente del organismo y reportó directamente a Néstor Kirchner, presentó en noviembre su "renuncia indeclinable por razones personales". Antes de irse, había llegado a decir que en el negocio de la pesca "hay tanta corrupción como en otros sectores productivos".

Ahora, la Subsecretaría está a cargo de Norberto Yahuar, quien llegó a decir que comenzará a corregir los "desaciertos", pero de a poco: "Yo no soy Harry Potter, que vino con una varita mágica a cambiar la pesca después de cincuenta años de un sistema que está funcionando de determinada manera".