Presentacioón ante el Tribunal de Cuentas.

Delegados de ATE hicieron una presentación ante el Tribunal de Cuentas por el estado en que se encuentra administrativamente la Dirección provincial de Vialidad. Sospechan que se quiere tercerizar el servicio, si antes no lo privatizan.

Río Grande.- «Estamos advirtiendo que se desmantela Vialidad provincial y creemos que es una maniobra para terminar tercerizando los servicios, si antes no toman la decisión de privatizarla y hacerla desaparecer».

Así lo denunciaron trabajadores de esa repartición de gobierno (que además son delegados de ATE), Jorge Aguirre, Carlos Margalot y Tomas Concha, quienes decidieron poner en antecedente de todo esto al Tribunal de Cuentas de la provincia.

Aguirre dijo que desde que el presidente de Vialidad, Gerardo Checkerdemián, se fue de vacaciones, el actual vicepresidente, Sergio García, no se quiere hacer cargo de la firma para dar continuidad a actos administrativos, con lo cual se frenan expedientes de importancia, algunos de los cuales tienen que ver con pago a proveedores para que la repartición pueda seguir funcionando.

El delegado de ATE dijo que hace poco se creó la Secretaría Económica de la repartición, donde supuestamente debería estar actuando Patricia Oliva (fue funcionaria en IPV y en la delegación de Economía), pero «aún no nos consta que exista una resolución de su designación».

Aguirre dijo que en el «área Conservación, sus responsables aparecen para marcar tarjeta, pero después se retiran, supuestamente a trabajos en el campo; pero ellos no tienen que estar allí sino ocupar las direcciones en las que están asignados. Ellos son Adrián Alvarado, Marcelo Santomé y Guillermo Martínez».

En materia salarial, Aguirre dijo que el vicepresidente, Sergio García, firmó la resolución de adhesión al aumento que se otorgó al escalafón seco de la administración central, pero que «aún no sabemos si se nos ha liquidado o no, porque no tenemos los recibos del mes pasado».

Ante todas estas irregularidades administrativas, los empleados buscan un remedio, ya sea en la faz administrativa o en la legal; porque advierten maniobras dudosas que podrían derivar en un desmantelamiento de esa repartición pública provincial.