Damián Fuentes, vicepresidente del Tribunal de Contralor, sobre el caso suscitado en la Defensoría del Pueblo Municipal, empezó explicando “ya notificamos a la defensora del Pueblo sobre la resolución y, a partir de la presentación de la abogada Ingrid Küster y la observación de las declaraciones juradas de bienes, presentadas ante este Tribunal, se ha definido iniciar un proceso de investigación puntualmente sobre la denuncia en la Delegación de Trabajo, sobre trabajo de una empleada en negro en la Defensoría del Pueblo, hecho denunciado en forma anónima”, indicó.

“A partir de esa denuncia, trabajamos en las declaraciones juradas del personal de la entidad”, sostuvo e indicó “también intervenimos sobre la contratación de una persona que tenía relación directa con la defensora Oñate, pero no se concretó esa contratación”.

Acerca del plazo para la investigación, Fuentes recordó “hay un plazo, pero en enero se inicia la feria, por lo que se suspendería, salvo que surgiera un hecho grave, lo cual significa que será febrero el mes para determinar lo sucedido”, expresó.

Sobre la pena que le correspondería de confirmarse lo denunciado por la asesora letrada, Fuentes dijo “si los procesos administrativos son irregulares, le cabría una multa”.

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Fuente: elcordillerano.com.ar