Córdoba: disuelven un ente que había sido investigado por sobreprecios
Se trata del ENINDER, conformado por varios municipios y encargado de ejecutar proyectos con fondos de la Nación. El año pasado, un informe de la AGN reveló que el organismo falseaba datos para cobrar adelantos y ponía el dinero en plazos fijos. Además, había demoras e irregularidades en las contrataciones. Los alcaldes fundaron otra dependencia.
Unos 17 intendentes de la provincia de Córdoba decidieron disolver un ente que ejecutaba obras de infraestructura con fondos nacionales y que fue investigado por sobreprecios, entre otras irregularidades.
Se trata del Ente Intermunicipal para el Desarrollo Regional (Eninder), una dependencia creada en 2000 que nucleaba a 44 comunas de la provincia mediterránea y cuya oficina central estaba en Villa María.
Los alcaldes se reunieron en la localidad de Alejandro Roca y, tras dictar la disolución del Eninder, fundaron otro organismo de características similares, aunque con varios cambios en su funcionamiento interno (ver aparte).
La historia
El Eninder recibía fondos de distintas áreas del Estado nacional, como la Subsecretaría de Obras Públicas, su par de Coordinación de Obra Pública Federal (ambas del ex Ministerio de Planificación). Además de Vialidad Nacional y las cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Desarrollo Social.
Con ese dinero, que entre 2009 y el primer semestre de 2012 ascendió a 185,5 millones de pesos, el ente remodeló el anfiteatro de Villa María, construyó un puente que une a esa localidad con Villa Nueva y pavimentó caminos rurales, entre otras iniciativas.
El 29 de junio del año pasado, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe en el que se comprobaron las irregularidades que, en definitiva, terminaron sellando la suerte del Eninder.
Hace un año y medio, la AGN comprobó las irregularidades en el organismo
Este medio dio cuenta de la investigación mediante dos notas. En la primera, se detalló que, por su propia naturaleza interjurisdiccional, el ente no era alcanzado por el control de los Tribunales de Cuenta municipales, tampoco tenía la obligación de inscribirse en la Inspección General de Justicia (IGJ) porque no encuadraba en los tipos societarios contemplados, y sus estados contables no eran presentados ante ningún organismo de fiscalización.
En pocas palabras, el Estado le dio $ 185,5 millones a un organismo que no podía ser vigilado ni por la Nación, ni por la provincia de Córdoba ni por los municipios involucrados.
La segunda nota, en tanto, reveló que el Eninder falseaba informes sobre el avance de las obras para cobrar dinero por adelantado, y que esos fondos extra eran puestos en plazos fijos.
Además, aparecieron casos en que las comunas contrataban al Eninder para llevar adelante obras que el mismo ente tercerizaba mediante subcontrataciones; esto derivaba en que “los municipios pagaran mayores costos”, decía el informe, que eran cubiertos con los desembolsos de los organismos nacionales.
Así, al comparar los montos que cada administración comunal le daba el Ente con lo que recibían las constructoras que ejecutaban los proyectos, la AGN concluyó que “por estas tareas de gestoría e intermediación el Eninder cobró, solo por las obras auditadas, $ 5.688.375, en detrimento de los Municipios”.
Más irregularidades
En cuanto a las obras, la Auditoría remarcó el caso del puente Villa María-Villa Nueva, en el que las “insuficiencias del proyecto original” provocaron que se tuviera que relocalizar el proyecto, que finalmente terminó costando $ 24 millones, 10 millones de pesos más que lo previsto.
Por otra parte, la AGN apuntó que “el Eninder adjudicó obras bajo las modalidades de contratación directa y concursos de precios sin sustentación legal válida”.
La observación hace referencia a que, cuando el organismo de control hizo su investigación, la suma límite establecida por la Ley de Obras Públicas provincial para una contratación directa era de $ 40 mil; $ 180 mil para el concurso de precios; y $ 480 mil para una licitación pública. Sin embargo, se registraron operaciones que superaron varias veces esas cifras.
El Tribunal de Cuentas provincial hará una auditoría anual en el nuevo ente
Por ejemplo, para la remodelación del Anfiteatro de Villa María se contrató en forma directa a cuatro empresas (Tecnología y Construcciones TYC SRL; Estudio Arquitectura SRL; Ingeniería Grupo Consultor SA; y Demadera SA) por montos que oscilaron entre $ 1,1 millón y $ 2,7 millones, superando en un 2.650% y 6.573% respectivamente los límites establecidos.
Y el ente también contrató en forma directa a la firma TYC para asfaltar 150 cuadras en Villa María, por 105 millones de pesos, argumentando “razones estratégicas” que, sin embargo no fueron justificadas con ninguna documentación.
Nuevo ente
En el flamante organismo fundado por los intendentes cordobeses, la ciudad de Villa María ya no tendrá la presidencia en forma permanente, sino que irá rotando según lo decidan los municipios miembros. También se pone a todas las ciudades en igualdad de condiciones en cuanto a su categoría, con voz y voto. Pero la cantidad de habitantes de cada una determinará su participación proporcional en el organismo.
El municipio de Villa María, que seguirá por ahora a cargo de la presidencia, informó que el Tribunal de Cuentas de la Provincia hará una auditoría anual.