Se llevó a cabo el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto 2017 en el Centro Cultural Néstor Kirchner, donde se convocó a expertos en la materia, representantes de organizaciones no gubernamentales y activistas de la región a intercambiar experiencias y debates sobre los desafíos de gobierno abierto en el continente.

Uno de los paneles de la jornada fue Control Público y Participación Ciudadana integrado por Carla Pitiot, Diputada Nacional y Secretaria de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, quien manifestó que los legisladores no están obligados a dar un seguimiento de los informes de los organismos de control, sino que las buenas prácticas son “voluntarias”.

De la misma manera, la diputada indicó que “lo que sucede en la Comisión Mixta no se publica”, por lo que propuso que “esté disposición de todos la versión taquigráfica en la página del Congreso de la Nación”.

Además, hizo hincapié en “utilizar esa información para las políticas de estado” y “distribuir el presupuesto de la Nación en función de las necesidades básicas del país”. De ahí la importancia del impacto de los resultados de los informes de los órganos de control.

También disertó el Gerente de Coordinación de la Auditoría General de la Nación (AGN), Cristian Módolo, quien compartió que la cuenta de inversión que se presenta en la Comisión Mixta lleva “3500 páginas con información técnica”, en tanto uno de los esfuerzos del órgano de control externo es traducirla “a un lenguaje llano para empoderar a la ciudadanía”.

"Hay que institucionalizar la cultura y la educación del control”, dijo Carla Pitiot.

Por su parte, Fabián Forestieri, Director de Relaciones Institucionales de Contraloría General de la República de Paraguay, añadió que “hay 87 buenas prácticas de participación en los organismos de control de América Latina que van desde recibir denuncias hasta formar ciudadanos”.

Otra de las expositoras fue Claudia Regina Silva, Presidente del Observatorio Social de Palmas de Brasil, quien contó que dicha entidad civil trabaja con el control social, a través de voluntarios que monitorean los gastos de los municipios. Este trabajo permitió, por ejemplo, que se economizara “más de 300 millones de reales” en una acción.

Según la funcionaria brasileña, la premisa básica es la “educación fiscal”, en términos de “hacer que sociedad comprenda que la gestión pública no es solamente el voto; es saber qué hacen con su dinero”.

Para concluir, la diputada Pitiot señaló: “Hay que institucionalizar la cultura y la educación del control” para prevenir y detectar irregularidades a través de los informes de control y, así, permitir que sean una herramienta de gestión para el gobierno.