Denunció sobreprecios y le incendiaron un camión frente a su casa
A principios de mes, una concejal de la localidad de Ullum le pidió al Tribunal de Cuentas provincial que investigue si el intendente pagó hasta un 190% de más por materiales de construcción. Pero se convocó a una sesión extraordinaria en el Concejo para “analizar su conducta”, y luego el vehículo de su esposo amaneció incinerado.
El sábado a la madrugada, los vecinos del barrio Ullum II, ubicado en la localidad homónima de la provincia de San Juan, se despertaron por una explosión y, cuando salieron a ver qué había pasado, encontraron un camión incendiándose frente a la casa de una concejal local.
Una vez apagadas las llamas, se constató que el vehículo, que era usado para tareas rurales, pertenecía (porque no quedó nada, salvo parte del motor) al marido de la edil Daniela Salinas.
Según la prensa local, este fue -por ahora- el último capítulo de una historia que comenzó a principios de marzo, con una denuncia por el uso de fondos públicos y que tiene en vilo a un pueblo de no más de 5 mil habitantes, a unos 35 kilómetros de la capital provincial.
El principio
El martes 6 de marzo, la concejal por el departamento de Ullum Daniela Salinas presentó ante el Tribunal de Cuentas de la provincia un pedido para que el organismo de control investigue si el intendente, Leopoldo Soler, pagó sobreprecios de entre el 40 y el 190% en una compra hecha en 2016 de materiales de construcción destinados a viviendas de emergencia.
Para sostener su denuncia, la edil comparó los valores de los productos adquiridos por la Municipalidad con los números que manejaban distintos comercios de la capital provincial: así comprobó, por ejemplo, que la gestión de Ullum pagó $ 128 por unidad de machimbre frente a los $ 87 que cobraban otros negocios; y que por las membranas de techo se desembolsaron $ 1.086, cuando podían conseguirse a $ 490.
Según la denuncia, la Municipalidad pagó $ 1.086 por membranas que cuestan $ 490.
Asimismo, Salinas remarcó que estas operaciones se hicieron con dos proveedores que tienen varias particularidades; en primer lugar, son pareja entre sí. Se trata de un hombre llamado Claudio Rey y de su mujer, Susana Nale. Ambos facturaron, por separado, más de $ 9 millones al municipio de Ullum.
En segundo lugar, trascendió que en las boletas expedidas por Nale figura un domicilio inexistente.
Y, por último, Nale también es la persona que le vendió a la comuna una bloquera (una máquina para hacer bloques de hormigón compactado) por $ 1.050.000, pero que nunca llegó al pueblo (ver La respuesta).
Además, la denuncia de la edil hablaba de una cooperativa que recibió 400 mil pesos de la comuna, pese a que se desconoce si esa entidad tiene sus papeles en regla ante la AFIP.
Tras la presentación, hubo una semana de calma hasta que el tema se filtró a la prensa provincial. Desde entonces, Salinas fue criticada desde distintos sectores del gobierno ullunero; tanto, que hasta el Concejo Deliberante local casi se reúne para “analizar su conducta”.
Una sesión extraordinaria
Con el Tribunal de Cuentas investigando, y el caso ganando espacio en la agenda mediática, la semana pasada la presidenta del Concejo Deliberante de Ullun, Graciela Gil, decidió convocar a una sesión extraordinaria cuyo único objetivo sería revisar el comportamiento de la edil Salinas.
El problema es que, según la reglamentación local, Gil no tiene la facultad para citar a un encuentro de esas características, y solo lo pueden hacer el Ejecutivo comunal y por lo menos un tercio de los concejales.
En ese sentido, hasta los ediles más cercanos al intendente declararon ante la prensa que la convocatoria era “injustificada”, por lo que la iniciativa de la titular del cuerpo deliberativo quedó sin efecto.
La respuesta
Para colmo, el jueves pasado, la mesa de entrada de Concejo ullunero recibió una nota en la que se pide una “rectificación” de la concejal Salinas por “agravios e imputaciones falsas”. ¿Quién la firmó? Susana Nale, la vendedora de la bloquera.
Lo curioso es que, en el mismo texto, Nale reconoce que la maquinaria, que fue pagada por la municipalidad hace 15 meses, sigue sin llegar al pueblo y que, de hecho, se encuentra en Chile.
Después de las llamas
Así se llegó al último sábado, con el caso del camión incendiado. Ante ese panorama, Salinas dijo que espera por los resultados de las pericias, para determinar si se trató de un acto intencional vinculado a su denuncia, y que por ahora prefiere no sospechar “de nada ni de nadie”.
Asimismo, la edil relevó que no recibió ningún mensaje de solidaridad del intendente Soler ni de sus colegas concejales.
