La planificación urbana de la Ciudad de Buenos Aires genera controversias y opiniones divididas. Se busca un equilibrio entre la preservación arquitectónica y cultural, y las demandas de la gran capital cosmopolita moderna en constante evolución. Este proceso implica la colaboración activa entre el gobierno local, urbanistas, arquitectos, planificadores y la participación vecinal.

En ese sentido, la intervención de los vecinos en cuestiones y problemáticas urbanas fue evolucionando en el marco de los 40 años de democracia. Los primeros aportes ciudadanos se dieron en el antiguo código de planeamiento urbano. Luego, con la autonomía de la ciudad, se aprobó la Constitución porteña que contiene un amplio espíritu participativo en sus artículos 18, 19, 27, 29 y, sobre todo, en el 30 con la “obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública”.

Nuevo código urbanístico

El nuevo Código Urbanístico, aprobado por la Legislatura porteña en 2018, habilitó más volumen constructivo en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, su impacto se ve desde 2021, cuando se reactivó la construcción luego de superar las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Apunta a densificar la Ciudad, a pesar de la resistencia de porteños y grupos vecinales. 

Buenos Aires comenzó un proceso de concentración de la construcción que queda en evidencia en muchos barrios, sobre todo en los de casas bajas, como Núñez, Belgrano, Colegiales o Villa Ortúzar. “Con el código se produjo una pérdida de identidad de cada zona”, afirmó Daniel Zylberberg, vocal de la Asociación Vecinos del Bajo Belgrano, ante la consulta de El Auditor.info. 

“La única participación ciudadana se vio en la protesta”, aseguró Daniel Zylberberg, vocal de una asociación vecinal. 

Los objetivos de la agrupación vecinal son preservar la configuración del “Barrio River”, así como también participar en la elaboración de un plan de manejo para los partidos de fútbol y otros eventos masivos. 

“El daño es tan importante que las modificaciones parciales son irrelevantes”, aseguró Zylberberg. Los vecinos pidieron ante la Legislatura porteña el cambio de las normas urbanísticas contempladas en el Código de 2018, con el propósito de frenar nuevas construcciones.

El vocal de la asociación aseguró que el nuevo código tuvo difusión, pero ninguna discusión. “La única participación ciudadana se vio en la protesta”, completó el vecino del Barrio River.

El cambio esencial que trajo el nuevo Código es la eliminación de fórmulas que limitaban la ocupación del suelo, allí se determinaba cuánto se podía construir sobre cada terreno. Al dejar de utilizarse la fórmula que vinculaba la superficie construible con el tamaño del lote, se generó un aumento de densidad. Por el contrario, lo que se impuso son las alturas fijas, que cambian dependiendo de los barrios. Tal es así que el mayor impacto se siente en los barrios de casas bajas.

La crítica principal que sostiene la Asociación Vecinos del Bajo Belgrano es que “han modificado los distritos”, antes tenían una letra inicial que los caracterizaba: R (residencial), C (comercial), I (industrial). “En la actualidad ese sistema no existe más, ahora hay un modelo de mixtura. Hicieron desaparecer la identidad de los barrios cambiando la zonificación”, aclaró Zylberberg. 

“Mixtura 1 o mixtura 2 es un sistema abstracto que hizo desaparecer la identidad de los barrios, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Han destruido el sistema de evaluación de los usos de la ciudad”, subrayó el vocal vecinal.

Qué son los convenios urbanísticos

El Código Urbanístico de Buenos Aires es el resultado de un proceso que desde la recuperación democrática puso en cuestión la anterior normativa, el Código de Planeamiento Urbano sancionado en 1977 -dictadura militar- y modificado por decenas de ordenanzas y leyes posteriores.

Ese código postulaba una renovación estructural de la ciudad, que alentaba el reemplazo del tradicional tejido urbano de edificios entre medianeras por otro de edificios en altura y de perímetro libre; el modelo de ciudad resultante era el de torres de gran altura separadas entre sí. Más allá de su intención de mejorar las condiciones de iluminación y ventilación de los edificios, ese modelo generó una gran destrucción del paisaje y la calidad urbana en muchas zonas de la ciudad. A su vez, este modelo fue muy cuestionado por profesionales, colectivos e instituciones de la arquitectura.

Con la autonomía de la ciudad, en 1996, la Constitución porteña estableció la necesidad de un Plan Urbano Ambiental y de un Código Urbanístico. Ambos tardaron en concretarse: el Plan se aprobó recién en 2008 y se necesitaron 10 años más para la sanción del código. 

Fallas en el Plan Urbano Ambiental 

La Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), órgano de control creado por la Constitución porteña, analizó el funcionamiento del ente que debe llevar adelante el Plan Urbano Ambiental (PUA) en la Ciudad y señaló que el organismo en cuestión “manifiesta una imposibilidad fáctica de desarrollar las acciones” para las que fue creado.

Las tareas del Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), se resumen en tres puntos: monitoreo y actualización del Plan Urbano Ambiental; instrumentación y seguimiento del PUA; y la aplicación de mecanismos de participación ciudadana en la materia. 

Cabe destacar que el Plan Urbano Ambiental es el instrumento de planificación y orientación para el desarrollo y ordenamiento del territorio.

El informe de la Auditoría porteña remarcó la “degradación jerárquica”, “baja calidad de la información”, “debilidad en la planificación” y hasta “concepción antigua” de la comisión asesora.

Sin embargo, no es la primera vez que la AGCBA marca estas particularidades sobre el funcionamiento del Consejo. De hecho, este medio publicó en junio de 2013 una nota basada en un informe de la Auditoría porteña, en el que se hablaba de “graves fallas de control interno” y la producción de “dictámenes que carecen de fundamentos, no generan valor agregado y se limitan a convalidar las opiniones de las áreas técnicas de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano” de la Ciudad.

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Mesas de trabajo

Fundación Éforo impulsó, el pasado miércoles, una nueva mesa de conversación y de trabajo junto a especialistas y organizaciones de la sociedad civil para intercambiar datos y opiniones sobre cómo se abordan las problemáticas urbanas en la Ciudad de Buenos Aires. 

A partir de estas reuniones se busca conocer las distintas problemáticas que atraviesan y que afectan las vidas de las personas, alterando el bienestar general de la población. “Hacemos vínculos horizontales y aprendemos en estos encuentros”, afirmó Federico Recagno, presidente de Éforo.  .

Estuvieron presentes en el evento: 

  • Fernando Figmonare, ingeniero, especialista en temas Urbano Ambientales;
  • Florencia Figueras, cofundadora Asociación Civil Ciclos;
  • Federico Poore, periodista especializado en temas urbanos. Colabora en Cenital, Chequeado y elDiarioAR;
  • Raúl Navas, abogado y docente. Especialista en Derecho Urbanístico e Inmobiliario; 
  • Mora Arauz, coordinadora de Programas de la Fundación Ciudad;
  • Daniel Zylberberg, vocal de la Asociación Vecinos del Bajo Belgrano;
  • Enrique García Espil, arquitecto y urbanista. Titular de la cátedra de Planificación Urbana de la Facultad de Arquitectura (UBA);
  • María Alejandra Olivarez, auditora interna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación;
  • Federico Recagno, presidente Fundación Éforo;
  • Carla Pitiot, vicepresidenta Fundación Éforo;
  • Fabián Méndez, coordinador general Fundación Éforo.