La Defensoría del Pueblo del Chaco le reclama al Estado nacional por el incumplimiento de al menos cinco fallos judiciales favorables en cuestiones vinculadas a tarifas de servicios públicos y la entrega de pensiones. 

El obudsman provincial, Gustavo Corregido, detalló que las demandas comenzaron en 2013, cuando la institución presentó un amparo contra la Nación por no haber convocado a una audiencia pública en la que se fijara la tarifa del transporte que une Chaco con Corrientes, y por las deficiencias en la prestación del servicio. 

En este caso, según trascendió, existe una sentencia -e incluso un acuerdo entre las partes, homologado por la Justicia Federal-. Sin embargo, el Estado nacional interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema y aún no se cumplen los requisitos básicos del servicio.

Un poco más cercano en el tiempo, es el amparo presentado por Corregido contra Vialidad Nacional por los aumentos en los peajes del corredor 6. Si bien la acción había sido rechazada en primera instancia, la Cámara de Apelaciones revocó la decisión e hizo lugar al reclamo chaqueño. Así, quedaba suspendida cualquier modificación del cuadro tarifario en las casillas del Puente Chaco-Corrientes y en la localidad de Makallé.

Ante este panorama, la Nación interpuso un recurso extraordinario que, pese a haber sido denegado, no impactó en los aumentos, que actualmente siguen pagando los que circulan por ese camino. 

Pese a que fue anulado, aún rige el aumento en el corredor vial 6

Ya este año, la Defensoría llevó a la justicia su reclamo por la decisión del Ejecutivo nacional de dar de baja varias pensiones por discapacidad. También en este tema, el organismo obtuvo la medida cautelar que, sin embargo, aún no es cumplida por la parte demandada. 

Los últimos dos casos tienen que ver con la luz. Por un lado, se trata del amparo presentado el año pasado ante la decisión de la Nación de aumentar la tarifa de energía sin haber convocado a una audiencia pública. 

Corregido logró en este caso que se declare inconstitucional la suba, aunque el Ministerio de Energía no tardó en apelar la medida y, según la prensa local, actualmente se están devolviendo montos a algunos usuarios, pero en forma irregular y sin que se dirima la cuestión de fondo. 

Y en 2017 hubo otros amparos vinculados a la modificación del cuadro tarifario, pero de la energía mayorista. Las resoluciones de la cartera dirigida por Juan José Aranguren quedaron suspendidas por orden judicial hasta tanto haya sentencia. No obstante, lo que ahora se reclama es la devolución de los montos mal liquidados en los primeros meses del año. 

“La desobediencia judicial jaquea la república, porque pone en duda si deben cumplirse las leyes, el mandato de los jueces y los derechos adquiridos por el pueblo”, dijo a la prensa local el ombudsman provincial, Gustavo Corregido.