¿Cómo es el control de la administración pública bonaerense?
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires dota al poder ejecutivo provincial de un conjunto de organismos que pivotean entre el primer mandatario, su gabinete y el resto de los poderes. Algunos son descentralizados, cada cual tiene una función específica: la ejecución propiamente dicha, la consulta o la hibridez entre ambas.
Dentro de los organismos ejecutivos, tenemos a la Dirección General de Cultura y Educación, la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA) y los organismos de Desarrollo Sustentable (OPDS) y de Integración Social y Urbana (OPISU). El Banco Provincia, por su parte, cuenta con un director secretario y directores escogidos en acuerdo con el Senado. La Asesoría General de Gobierno es el órgano consultivo y consejero del ejecutivo. A medio camino entre la Asesoría y los entes ejecutivos se encuentra la Secretaría General: lleva adelante tareas de apoyo logístico y administrativo, analiza y evalúa procedimientos legales y técnicos que se llevarán a cabo y publica los actos de gobierno en el Boletín Oficial.
Por otro lado, la carta magna bonaerense estableció cuatro Organismos de la Constitución. Se suele saber poco de estos, aunque son cruciales: se trata de entes autárquicos y descentralizados, cuyas funciones son la supervisión y el contralor de la administración. Su misión, en líneas generales, es velar por el patrimonio y aportar equilibrio y republicanismo. Son los que aquí interesan: la Contaduría General, la Tesorería General, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas.
Funciones y composición de los Organismos de la Constitución
La Contaduría General pretende lograr la “transparencia, honestidad y calidad del gasto público”, según se sostiene en su web institucional, mediante la fiscalización del mismo. En ese sentido, emite normas, capacita al personal, orienta a los organismos públicos y perfecciona los procesos de contabilización. Su organigrama es sencillo: el contador general es secundado por un subcontador, contadores mayores y dos secretarías (la de Legal y Técnica y la de Contabilidad y Control de Gestión) con una serie de direcciones.
Varias son las atribuciones de la Tesorería General: la centralización y el registro de los ingresos y egresos de fondos; la planificación del financiamiento; la articulación con la Contaduría General para abonar las órdenes de pago remitidas por esta última; la toma de fondos autorizados por el ejecutivo; el registro créditos de los acreedores y, finalmente, la elaboración del presupuesto de caja (la proyección de las entradas y salidas de efectivo, sobre las que se debe informar mensualmente). El organigrama emula el esquema de la Contaduría: tesorero y subtesorero general, Secretaría General con direcciones.
La Fiscalía de Estado representa a la Provincia, “tanto en carácter de demandada como demandante en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado”, conforme al artículo 155 de la constitución provincial. La representación tiene rango constitucional, razón por la cual no se precisa de la autorización del gobernador para intervenir. Por otro lado, la Fiscalía verifica la legalidad de decisiones gubernamentales o actuaciones administrativas que el ejecutivo adoptará. Esta función de vista previa no se vincula con el rol de la Secretaría General de la Gobernación, ya que “sirve para prever posibles acciones como resultado de la aplicación de la medida propuesta”, según se sostiene en la web.
El Tribunal de Cuentas audita los ejercicios de los ministerios y de los 135 municipios bonaerenses
Este organismo, además, puede promover una impugnación judicial contra el ejecutivo cuando considere que existan actos administrativos contrarios a la Constitución. Finalmente, y debido a que el artículo citado en el párrafo anterior establece la defensa del patrimonio del fisco de la Provincia, la Fiscalía ejecuta las resoluciones y sentencias del Tribunal de Cuentas. La composición de la entidad es algo más numerosa que las anteriores: el Fiscal de Estado se encuentra en el vértice de esta estructura y es secundado por dos fiscales adjuntos y nueve subsecretarías.
El Tribunal de Cuentas es el último Organismo de la Constitución. Se ocupa de auditar los ejercicios de los ministerios y de los 135 municipios bonaerenses. El resultado de la supervisión puede ser la aprobación o desaprobación de las cuentas. De suceder lo segundo, se sanciona o multa al funcionario o los funcionarios responsables. También inspecciona oficinas públicas de los niveles estatales mencionados “que administren fondos públicos”, se sostiene en el sitio del Tribunal, “para prevenir cualquier irregularidad en la forma”, completa.
El cuadro de autoridades es un poco más numeroso que las reparticiones anteriores, ya que se trata de monitorear más de cien gestiones, de distinto nivel y envergadura. El presidente es la autoridad máxima. Lo flanquean cuatro vocales (uno por la administración central, otro por las reparticiones autárquicas y los entes especiales y dos por los municipios) con sus respectivas relatorías. Completan el mapa siete secretarías.
Nombres propios y designaciones
La titularidad de los Organismos de la Constitución guarda un marco de estabilidad propio, distinto del gabinete o las entidades mencionadas al inicio del texto. Esto se explica por la naturaleza de las funciones y se traduce en el mecanismo especial para nombrar a respectivos titulares. En todos los casos, los cargos se definen mediante acuerdos entre el ejecutivo y el Senado. Las designaciones de la Contaduría y Tesorería están reguladas por el artículo 82 de la Constitución bonaerense: el Senado propone una terna para que el gobernador designe al titular. De modo inverso se establecen las designaciones en la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas (más precisamente, el presidente y los vocales): según el artículo 144 de la carta, el ejecutivo envía pliegos al Senado para su aprobación.
Carlos Baleztena es el Contador General de la Provincia. Fue designado en agosto de 2018 por la ex gobernadora María Eugenia Vidal en reemplazo de María Eugenia Inza, quien fue denunciada por irregularidades en los aportes electorales de Cambiemos en 2017. Baleztena, que supo ser hombre de Diego Valenzuela, es un hombre con un frondoso currículum: desde 1995 hasta 2015 desempeñó múltiples roles en la administración provincial, y hasta su designación se desempeñó como secretario de Economía y Hacienda del Municipio de Tres de Febrero.
David Jacoby está al frente de la Tesorería General de manera interina
Al frente de la Tesorería General se encuentra David Jacoby, un hombre de confianza del gobernador Axel Kicillof. Si bien fue criticado por la actual oposición por esta cercanía, Jacoby está en el cargo de manera interina, hasta que se defina la terna alternativa detallada al inicio de este apartado. Por su parte, Hernán Gómez es Fiscal de Estado desde finales de 2013. Este hombre del radicalismo reemplazó a su correligionario Ricardo Szelagowski (designado en 1987 por Alejandro Armendáriz).
Otro radical está al frente del Tribunal de Cuentas. Se trata de Eduardo Grinberg, que también llegó a la presidencia en 1987. Las vocalías de este órgano colegiado se completaron en 2019: Gustavo Diez asumió por la administración central y Ariel Pietronave por las reparticiones autárquicas. Ambos se vinculan a Juntos por el Cambio: Diez a la ex gobernadora y Pietronave, a Néstor Grindetti (previamente se desempeñó como subsecretario de Economía y Finanzas del Municipio de Lanús). Los vocales por los municipios se vinculan al peronismo: Juan Pablo Peredo a Martín Insaurralde y a los jefes comunales del PJ, Daniel Chillo al Frente Renovador (fue secretario de Economía, Hacienda y Administración del Municipio de Tigre durante la intendencia de Sergio Massa).
Tradiciones y modelos de contralor
El seguimiento y la supervisión de la administración pública bonaerense está vinculada con la relación entre el oficialismo y la oposición. Cabe aclarar que el diseño institucional de la Provincia tiende al acuerdo, ya que el mecanismo de designación presupone consensos. La consecuencia es una tradición que se torció en años recientes: la auditoría y el control de los actos administrativos y de gobierno quedan en manos de funcionarios vinculados a la oposición.
Este modelo de contralor comenzó en 1987. Al asumir la gobernación, Antonio Cafiero decidió mantener en su cargo a todos los titulares de los órganos de control designados por su antecesor. En sus ocho años de mandatario, Eduardo Duhalde tuvo en todos los Organismos de la Constitución a dirigentes de la oposición, como Amilcar Zufriategui en la Tesorería y los mencionados Szelagowski y Grinberg en la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, respectivamente.
Aunque mantuvo a estos funcionarios, Felipe Solá alteró la tradición: un hombre de su confianza, Mario Cura, fue el Contador General durante su mandato. Daniel Scioli siguió la senda de ubicar a alguien del equipo gubernamental: Carlos Machiaroli reemplazó a Cura, y se desempeñó en los dos períodos (además, el radicalismo mantuvo la Fiscalía con la designación de Gómez).
La gobernación de María Eugenia Vidal se caracterizó por tener en los cuatro Organismos de la Constitución a funcionarios vinculados a su fuerza política: Grinberg y Gómez continuaron en sus cargos, mientras que el también radical Horacio Stávale reemplazó a Zufriategui. En cuatro años hubo tres contadores del PRO: Gastón Messineo, María Fernanda Inza y el actual, Carlos Baleztena.
Durante la gestión de Vidal se completaron las vocalías del Tribunal de Cuentas: como se dijo, dos vocales propios y dos de la oposición, que con el cambio de gobierno enrocaron su condición. Por eso es menester arrojar un interrogante: ¿deben ser estas sillas para la oposición o deben ser el reflejo de las fuerzas políticas del territorio? La configuración actual de las vocalías se asemeja a la segunda orientación: el Frente de Todos tiene setenta intendentes y Juntos por el Cambio, sesenta y uno.
Tal vez es deseable volver a la tradición inaugurada por Cafiero y Duhalde. Cabe preguntarse, a modo de cierre, si existe voluntad de recuperar el modelo de contralor desvirtuado. Para que eso suceda, tiene que haber otra voluntad: la de lograr consensos entre el Senado y la Gobernación. Como se dijo al principio, resta que la Cámara Alta le proponga al ejecutivo una terna para la Contaduría.