“La gobernanza fue una de las víctimas de la pandemia. Desde que comenzó empezamos a registrar en muchos países la falta de respeto al buen gobierno" sentenció Delia Ferreira Rubio, abogada y presidenta de Transparencia Internacional. Para ella, fue un fenómeno casi generalizado y en nuestra región, muy marcado y una de las tareas más difíciles una vez que pase la pandemia va a ser reconstruir cierto orden de los principios de buen gobierno y el respeto a las instituciones. 

Ferreira participó de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), un evento conducido por Jesús Rodríguez, quien preside esa comisión y además es titular de la Auditoría General de la Nación (AGN). 

De modo más específico, la referente de Transparencia Internacional detalló que lo que se vio fue una aceleración de tendencias que ya se veían perfiladas desde antes: concentración de poder y abuso de los mecanismos de gobierno en emergencia. “Muchos gobiernos utilizaron la pandemia como excusa para llevar adelante medidas que no tenían específicamente que ver con la respuesta adecuada para defender la salud de la población, sino que era una agenda política oculta fácil de disimular”, agregó.   

Del mismo modo, Ferreira manifestó: “También observamos que las medidas de emergencia que se tomaron en muchos países no respondieron a los estándares internacionales de los criterios con los que los gobiernos pueden actuar frente a una situación así. El estándar del control y de transparencia no fue respetado durante la pandemia”. 

En cuanto a la situación en Argentina, entendió que “la cuarentena duró infinitamente y eso hace que se relaje la disciplina y se pierda confianza en los organismos”.

Por último, la titular de Transparencia Internacional se refirió a la corrupción y consideró que las denuncias fueron concomitantes con la pandemia y los casos avanzaron con la expansión del virus desde Asia-Pacífico hasta llegar a América Latina. “Todo lo que tenía que ver con contrataciones públicas fue un foco de atención, con sobreprecios o pagos por adelantado de mercadería que no llegó. Se detectaron lavados de dinero con las ‘compras Covid’, hubo productos defectuosos y falencias en la detección de proveedores intermediarios”, añadió.

En ese sentido, señaló que siempre se hace hincapié en las investigaciones de los casos y en la sanción. “Lo que tenemos que tratar es generar un clima en el cual podamos enfocarnos en prevenir y generar los incentivos adecuados para que los casos de corrupción y fraude sean los menos posibles. No alcanza con sacar una ley de ética pública, se necesita que haya una sociedad que valore esos principios y un sector privado con mucha integridad”, concluyó.