¿Cuánto gasta el Estado en planes sociales?

¿Cuánto gasta el Estado en prestaciones sociales? ¿A cuántas personas alcanzan los beneficios? ¿Cómo se controla? La protección social es la manera de amortiguar los efectos de la pobreza y la vulnerabilidad de familias que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. En Argentina, el gasto en Seguridad Social viene en aumento desde 2007, más allá del gobierno de turno. Solo de Potenciar Trabajo están registrados 1.300.000 beneficiarios, pero hay muchos otros programas que se implementan. Desde el Ejecutivo anunciaron la realización de una auditoría que llevarán adelante universidades nacionales. El objetivo es regularizar la distribución y alcanzar una mayor transparencia mediante el control en la administración de los recursos. 

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, en lo que va del año el Ejecutivo destinó $4.571.179 millones en prestaciones sociales. De ese total, $3.025.715 millones se repartieron entre jubilaciones y pensiones, $506.552 millones fueron a asignaciones familiares, $233.206 millones a Potenciar Trabajo, $179.061 millones a políticas alimentarias y $50.982 millones a Becas Progresar. 

Entre enero y julio de este año, la Nación registró un déficit primario de $1.538.364 millones, 71,0% superior al del mismo período del año anterior. Los ingresos totales tuvieron una caída de 0,4% real mientras que el gasto se incrementó 7,7%.

La baja de la recaudación se debió, según el informe, a la caída de recursos no tributarios como el Aporte Solidario y transferencias de capital. Mientras que el gasto primario subió 8,3%, básicamente por los subsidios de servicios y los programas sociales. 

Al 31 de julio los gastos totales devengaron $8.661.651 millones, equivalentes al 52,7% del crédito presupuestario vigente. Los programas sociales superaron esa proporción (66,6%). Por el contrario, los otros subsidios económicos tuvieron una ejecución bastante inferior al promedio de los gastos (28,6%). Se destaca la ejecución de los planes Potenciar Trabajo (83,6%) y Políticas Alimentarias (67,2%).

Más planes que personas beneficiadas

Fundación Éforo desarrolló un informe en el que analiza datos públicos sobre las transferencias monetarias en el marco de programas sociales vigentes en Argentina. La información se centra en los años 2007, 2009, 2015, 2019 (fines de períodos presidenciales) y 2020 (último año del que se disponen datos de cierre anual). En Argentina, el gasto en Seguridad Social aumenta de forma progresiva y continua desde 2007, independientemente del contexto económico y de la gestión de gobierno, concluye el trabajo.

Además se observó que el crecimiento de los recursos públicos asignados a la Seguridad Social es menor que el número de personas beneficiadas. Es decir, una persona recibe más de un beneficio para compensar el escaso valor monetario real de estas transferencias. El Estado argentino gasta la mitad de su presupuesto en la Seguridad Social.

Las becas y ayudas sociales pasaron de representar el 0,8% del PBI (2007) al 4,2% (2020). A su vez se otorgaron 23 millones de beneficios (2020) entre la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Salario Social Complementario (SSC), los programas Hacemos Futuro y Progresar, y a partir de la pandemia por COVID-19, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo, que representa un 0,4% del PBI y otorga 540.000 beneficios. Esta categoría se convirtió en 2020, en el segundo componente de la Seguridad Social con más recursos asignados. Pasó de representar el 0,8% del PBI (2007) al 4,2% (2020) y también se otorgaron 23 millones de beneficios (2020), 16.7 millones más que en 2007. La suba fue de 265%.

Entre 2019 y 2020, el porcentaje de recursos asignados aumentó un 33%, pero la cantidad de beneficios otorgados aumentó un 48%, por lo que existe un desfase entre los recursos del estado y las políticas de seguridad social.

"Carencias insalvables"

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), publicado en abril de 2019, ya advertía sobre “carencias insalvables" en el Registro Único de Programas Sociales (RUB), que es el listado de beneficiarios de las distintas ayudas estatales. El organismo de control destacó en ese momento la obsolescencia de las herramientas con las que se administra el RUB y señaló que la desactualización del software con el que trabajaban.

Vale aclarar que el RUB es una herramienta de diagnóstico y evaluación social que realiza un relevamiento del hogar antes del otorgamiento de los beneficios y su seguimiento y evaluación después de otorgados.