El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) de Uruguay, Conrado Ramos, habló sobre el proyecto de transformación del aparato estatal que comenzó a raíz de la aprobación del presupuesto en 2020. La ONSC desarrolla tareas para lograr organismos públicos eficientes y eficaces, asesorando en el diagnóstico, aplicación y evaluación de las políticas de gestión humana. Ramos explicó que actualmente están planteando una revisión de la plantilla de agentes y la formación posterior de una bolsa de trabajo. Además, planifican un nuevo mecanismo para la carrera de la administración pública central, que incluye 14 ministerios y Presidencia.

- ¿Qué plantea en líneas generales esta reforma?

La reforma es a varios niveles pero el más fuerte de todos ellos es el diseño de una nueva carrera administrativa.

- ¿Cómo es el modelo que quieren modificar?

Se fue construyendo por capas con una lógica que lleva muchas décadas y es muy corporativo: la gente está clasificada por el tipo de educación que tiene. Por ejemplo, si tienen título universitario, se califica en un escalafón que se llama A o profesional; si no es universitario pero es técnico universitario, es B; luego el C se sale de la lógica de formación y se va a una lógica de las tareas que hacen. Además, hay escalafones que se llaman “especializados” donde se meten cosas distintas con diferentes grados de especialización y oficios. Luego, hay uno de servicios auxiliares o especiales. Por otro lado, al interior de los escalafones hay series o subseries. Además, hay carreras con grados, del 1 al 16. Todo esto en la forma no parece algo inútil, pero en la práctica quedó superado y desvirtuado por la realidad. 

Ramos declaró que hay 1200 compensaciones en la administración central uruguaya que hacen que la escala salarial sea completamente heterogénea.

- ¿Qué complicaciones tiene?

Uno de los problemas es que las cosas distintas se deben pagar diferencialmente y por eso se empezaron a inventar las compensaciones, que son rubros salariales que se pagan además de tu grado de básico y escalafón. Entonces uno puede trabajar de lo mismo pero ganar completamente diferente depende de donde trabaje. Hay 1200 compensaciones distintas en la administración central que hacen completamente heterogénea la escala salarial y están atadas a bolsas de dinero que han ido logrando los distintos ministerios. Inclusive las reparticiones de una cartera pueden lograr una bolsa que no logran otras. Entonces, el sueldo hoy no depende de ser un profesional en determinado grado sino de las compensaciones. Eso lleva a que gente que hace cosas similares puede ganar tres veces más o tres veces menos dependiendo de donde trabaje.

- ¿Qué soluciones plantean desde la ONSC?

Como los escalafones son genéricos y no permiten saber qué es lo que la persona hace porque no tenemos una buena descripción de ocupaciones, lo que empezamos a hacer es transitar a un sistema híbrido que combina el sistema tradicional más anglosajón de puestos de trabajo con el sistema de carrera. Entonces, aterrizamos en todos los ministerios preguntándole a una muestra representativa de funcionarios qué hacen para identificar ocupaciones. Muchos decían soy administrativo y cuando les preguntabas más quizás liquidaban sueldos o eran secretarios ejecutivos. De esa manera identificamos unas 160 ocupaciones con distintos grados de agregaciones. 

- ¿Cuáles son los siguientes pasos?

En el presupuesto del año pasado metimos una norma programática de transitar hacia un sistema de carreras a uno de ocupaciones. Ahora estamos haciendo el listado y pusimos en la rendición de cuentas presupuestal todas las ocupaciones con sus descriptores. El año que viene, ministerio por ministerio, vamos a hacer el cambio a la nueva carrera de los funcionarios. Luego, cada uno mandará un decreto ley a la Asamblea General del parlamento para aprobar la migración.

Cuando eso suceda, en el caso de que el salario de algún agente incluya compensaciones, ese monto se lo dejamos fijo hasta que se jubile, pero el que entra atrás va a entrar con la nueva carrera. Nadie va a perder salarios, pero sí vamos a ordenar la escala salarial y los nuevos ingresos al Estado van a estar calificadas como ocupaciones, muchas de las cuales hoy en día están pagadas por debajo de lo que queremos pagar en algunos casos.

- Entonces, ¿cómo quedan armados los escalafones?

En la nueva estructura escalafonaria nosotros hacemos una mezcla de lo que hacen y lo que estudiaron. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos privilegiar el diseño de políticas públicas porque hoy en día lo hacen los cargos, la gente de confianza, y queremos que lo haga gente de carrera. Por eso creamos un escalafón para incluir a los expertos de los diferentes ministerios. Queremos que eso esté en el tope.

En resumen, a los escalafones que hoy en día están armados con los requisitos educativos se les va a agregar lo que hacen. Para valorar estas últimas hicimos un modelo con siete factores, entre las que están la complejidad, el riesgo y la autonomía de la decisión. Los valoramos y en base al puntaje hay una equivalencia salarial.

Según Conrado Ramos, se identificaron 160 ocupaciones distintas en la administración pública central.

- ¿Qué sucede si detectan ocupaciones que no se corresponden con el perfil del ministerio? ¿Qué son las bolsas de trabajo?

Nosotros estamos en un proceso también obligatorio de reestructura por la ley de presupuesto. Para eso trabajamos hicimos un consorcio entre el ministerio de economía, la oficina de presupuesto, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). Cada uno mira una parte de los procesos y analizamos si las tareas que realizan las tienen que seguir haciendo las distintas reparticiones, qué falta, etcétera. Y a partir de ahí diseñamos la plantilla de trabajo ideal que cada ministerio tiene que tener y la comparamos con lo que hay hoy en día. Aquellos puestos que ya no se necesiten, porque se digitalizaron por ejemplo, producen excedencias. En ese caso, la persona pasa a una bolsa de redistribución que manejamos nosotros desde el Servicio Civil y la ley nos exige que recapacitemos a las personas. 

Nosotros hicimos un diccionario de competencias laborales muy concretas para cada una de las 160 ocupaciones, que puedan ser empíricamente observables y que sirvan para la capacitación del funcionario, incluso para los concursos de ingreso a la administración pública y también para capacitar al personal que ya está, para ver que camino de distribución tiene en el estado esas persona.

Además, este gobierno tiene un sistema de 3x1 en la administración central que se estableció por decreto: cada tres vacantes sólo se deja llenar uno. A cada organismo que pase por el proceso de reestructuraciones se les va a permitir la incorporación de todos los puestos. 

- ¿Cuántas personas trabajan en la administración central?

Trabajan unas 100 mil personas de las 315 mil que tiene el Estado. Pero 55 mil son de defensa interior, no civiles. Y de los 40 mil que quedan aproximadamente 25 mil corresponden stricto sensu a la carrera, y el resto tienen distintos regímenes, por ejemplo entran mediante mecanismos de ingreso por dos años con posibilidad de ser renovados. O sea que la reforma afecta a unos 25 mil funcionarios públicos. 

- ¿Qué planes tienen a futuro?

Esto que estamos haciendo en la administración central se está mirando con interés de la descentralizada. También estamos implementando un sistema de evaluación formativa, sumativa. Otro capítulo son los sistemas integrados de información, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aplicando inteligencia artificial a los currículum para replicar el modelo coreano, integrando los legajos la evaluación por desempeño y teniendo todo digitalizado. Para eso contamos con apoyo del BID, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Naciones Unidas. La idea es terminar con un sistema de información centralizado aunque sea en la administración central de acá al final del bienio. Así que hay agenda de acá al 2050.