Juró en su cargo el quinto defensor público de víctimas

La semana pasado juró Martín Miguel García Ongaro como defensor público de víctimas con asiento en la provincia de La Pampa, convirtiéndose en la quinta persona designada para ese cargo, creado a partir de la ley 27.372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.

La norma fue sancionada en 2017 y reglamentada en mayo de 2018. Según Inés Jaureguiberry, la primera magistrada del Ministerio Público de la Defensa (MPD) en ocupar el cargo de defensora pública de víctimas con asiento en la provincia de Buenos Aires, la ley reconoció diversos derechos a una parte de los procesos penales que siempre se consideró la más postergada en el esquema clásico y que se caracterizaba por ocupar un rol accidental y secundario, debido a la falta de reconocimiento de sus facultades autónomas. “En el proceso anterior tenías a la fiscalía acusando, el acusado defendiéndose, y un tribunal o un juzgado decidiendo. Paulatinamente se le fue reconociendo a la víctima por vía de la jurisprudencia de la Corte o del sistema interamericano, y en el 2017 eso se plasmó en la legislación”, explicó.

La ley 27.372 reconoció diversos derechos a las víctimas y creó defensorías en cada provincia.

Es que la sanción receptó reclamos de diversos sectores de la sociedad para poner a las víctimas como sujetos de derechos en el marco de las investigaciones penales. La ley promueve una mayor protección y, principalmente, participación en el proceso para garantizar la tutela judicial y evitar su revictimización. En este sentido, introdujo modificaciones sustanciales en el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). Entre otras cuestiones, la normativa establece la necesidad de brindarles información sobre el trámite, que puedan examinar documentos y piezas, y que sean oídos antes de cada decisión que implique el fin del proceso o la libertad de la persona imputada.

Además, la ley también reconoce que los damnificados tienen derecho a recibir patrocinio jurídico gratuito e, incluso, a querellar en el caso de que no pudieran solventarlo. “Siempre se entiende que la parte acusadora requiere una defensa. Con esto no hay problema si se la puede asegurar con sus propios recursos. Pero, en el caso de las más vulnerables, no tienen esa posibilidad. Antes, no había ningún mecanismo por el cual el Estado le provea de una defensa de oficio o estatal. Ahora se creó el cargo de defensor público de víctimas, y hay uno por provincia, para intervenir en causas de delitos federales graves, con sujetos que tengan carencia de recursos económicos o estén en una situación de vulnerabilidad”, explicó Jareguiberry.

En este sentido, Jaureguiberry destacó el rol de la DGN por su impronta cercana a la ciudadanía, las capacitaciones internas, las campañas de difusión externas y el constante contacto con organizaciones de la sociedad civil. “Yo creo que las defensorías de víctimas funcionan dentro del MPD porque ya tiene la trayectoria de garantizar el acceso a la justicia especialmente de los más vulnerables. Porque la tradición más clásica era que el Estado solamente se haga cargo de la defensa de las personas imputadas. En la DGN ya habían programas para la otra pata, pero a partir de ahora, esa función fue jerarquizada”, argumentó la magistrada.

Actualmente, se pusieron en función las defensorías de víctimas de Buenos Aires, Neuquén, Chaco, Salta, y, recientemente, La Pampa. En el resto de las provincias se hicieron los concursos y están pendientes del procesos de designación, lo que requiere la aprobación de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación.

“Ya tenemos una cobertura interesante porque en Buenos Aires están el 40% de los delitos
y después tenemos designados los cargos provincias del noroeste, noreste, del centro y de la patagonia, o sea ya tenemos bastante cobertura. Pasamos de diciembre que no había ninguno y ahora ya hay 5, casi que uno en cada región”, explicó la abogada.

Actualmente, se pusieron en función las defensorías de víctimas de Buenos Aires, Neuquén, Chaco, Salta, y La Pampa.

Siguiendo esta línea, Jaureguiberry se refirió al rol del Poder Ejecutivo, que es quien tiene que iniciar los trámites para su aprobación: “Cuando asumió la nueva gestión hubo un retiro de pliegos, después vino la pandemia. Pero la primera tanda que se activó para enviar a la Comisión de Acuerdos fue el 28 de agosto y ahí ya salió mi designación. Lo que notamos es que en cada conjunto de pliegos que fue mandando el Ejecutivo hubo una o más propuestas de defensores de víctimas. Creo que hay una voluntad de implementar esto”, comentó.

Para dar intervención a estos organismos, los juzgados o quienes reciben la denuncia le hacen saber a la víctima su derecho de ser patrocinado por la DGN. En otros casos, puede suceder que se pida la intervención directamente a través de la misma Defensoría o que la pida el juzgado. 

“Mi experiencia de trabajar en instituciones que pasaron a ser creadas de cero y que vienen a cubrir vacíos históricos es que al principio hay una etapa en donde se desconoce que existen. Sin embargo, una vez que se ponen en funcionamiento y empiezan a prestar servicio, tienen un montón de demanda. Yo juré el 28 de diciembre, en enero no me sonaba el teléfono y hoy no paro de recibir mails y consultas, tanto de gente común como de adentro del MPD para pasarme casos, o de los mismos juzgados que me piden intervención”, concluyó Jauregeuiberry.