Ley Lucio: una respuesta ante la violencia contra niñas, niños y adolescentes en Argentina

A tres meses de su aprobación en el Congreso, a mediados de julio entró en vigencia la Ley de creación del Plan Federal de Capacitación Sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, más conocida como la Ley Lucio. El Auditor.info dialogó con Martín Maquieyra, diputado nacional y autor del proyecto, y con Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y autoridad de aplicación de la normativa, sobre la relevancia de su implementación.

La ley fue impulsada tras el fallecimiento de Lucio Dupuy, un niño de cinco años que fue asesinado brutalmente en 2021 por su progenitora y la pareja de ella. Lo que se busca con la norma es capacitar de forma obligatoria a personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los tres poderes del Estado Nacional sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país.

“El caso Lucio fue una toma de conciencia respecto a la necesidad de que el Estado responda en casos de violencia de niños, niñas y adolescentes”, aseguró Maquieyra.

Para el diputado Maquieyra, el proceso de elaboración de la ley fue “largo, complejo, muy desafiante y emotivo” y resaltó que el abuelo de Lucio fue una figura clave en todo el desarrollo. En este sentido, sostuvo que el caso dejó en evidencia las fallas en las distintas áreas del Estado y las herramientas y características que tenía que tener el proyecto. 

"Para dar con el texto final, tuvimos distintas instancias en las que nos entrevistamos con especialistas de distintos sectores, debatimos propuestas con normativas y terminologías, vencimos resistencias y logramos una ley con la que estamos muy conformes", afirmó Maquieyra.

Además señaló que “las discusiones en los temas de niños, niñas y adolescentes muchas veces se ven impedidas por lo frágil y sensible que es realizar cambios legislativos, desde la posibilidad de empeorar la situación actual hasta la imposibilidad de intromisión en ciertos temas administrativos provinciales".

“Por suerte teníamos la firme convicción de que los derechos de infancias son un tema de derechos humanos en los que todos nos tenemos que poner de acuerdo, por lo menos en lo sustancial”, afirmó el diputado y agregó: “Todo el caso Lucio fue una toma de conciencia respecto a la necesidad de que el Estado responda en casos de violencia de niños, niñas y adolescentes”.

El diputado espera que con la implementación de la capacitación no tengan que lamentar más casos de violencia contra las infancias y/o adolescencias. “El Estado falló, desde lo administrativo, hospitalario y escolar, hasta lo judicial sin el seguimiento apropiado de una situación de vulneración de derechos”, profundizó.

Con respecto a las expectativas de cumplimiento de la Ley, Maquieyra manifestó que son “buenas”, y están viendo cómo las provincias se adhieren. Asimismo, consideró que “la SENAF demostró entender el espíritu del proyecto y consideró sus recomendaciones”. 

Formación en derechos

La capacitación sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes está destinada a todos los trabajadores de los poderes del Estado, que se desempeñen tanto a nivel provincial, nacional o municipal. Entre las temáticas se buscará cuidar el respeto por los niños, niñas y adolescentes, tal como lo indica la Convención de Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas, incorporada en el artículo 75 de la Constitución Nacional.

Se deberá reservar la identidad del denunciante y la protección de su integridad.

También se deberán generar condiciones de buena convivencia social basada en vínculos afectivos y de confianza, que son elementales para el desarrollo de la vida de las nuevas generaciones, y promover los espacios y metodologías que garanticen a las infancias el derecho a ser escuchados en los procesos administrativos y judiciales, según el principio de la autonomía progresiva.

A la vez, se reservará la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes por medio de autoridades administrativas o judiciales de protección de derechos que intervengan cuando se pida de manera fundada.

Cómo se aplica la ley

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) es responsable de la aplicación de la normativa y de establecer los acuerdos o convenios necesarios para impulsar el Plan Federal de Capacitación en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes denominado "Crecer con Derechos".

El incumplimiento de las capacitaciones será considerado falta grave y dará lugar a las sanciones correspondientes. Además la normativa prevé la obligatoriedad de la implementación de la Línea 102 en todo el país para la promoción de derechos de las infancias y la atención gratuita.

Tal como lo indica la reglamentación, la SENAF cuenta con un plazo de 90 días para elaborar el curso de formación inicial para niños, niñas y adolescentes y la difusión de campañas para asesoramiento, abordaje y denuncia en situación de violencia. 

El incumplimiento de las capacitaciones será considerado falta grave y dará lugar a las sanciones correspondientes.

“Si bien la Ley nos daba un plazo que nos llevaba a los primeros días de septiembre para la reglamentación, trabajamos rápidamente y el presidente de la Nación aprobó en los primeros días de julio el decreto”, asintió Gabriel Lerner, secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y autoridad de aplicación de la normativa en comunicación con El Auditor.info.

A partir de ese momento, la SENAF firmó convenios con distintos organismos para el diseño y elaboración del primer curso. Entre los participantes se encuentra el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), UNICEF y la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Reglamentación

Durante el 2022, la normativa se debatió y aprobó en Diputados. Y este año, consiguió la media sanción necesaria para convertirse en Ley. En las dos oportunidades se trató con mucha diferencia, pero finalmente lograron consensuar. “Nosotros, el Consejo Federal de la Niñez y la Secretaría Nacional participamos de algunos debates del proyecto que terminó siendo votado por unanimidad en las dos Cámaras del Congreso”, explicó Lerner.

Una de las iniciativas incorporadas en la Ley especifíca que el Consejo Federal de Niñez, representante de todas las autoridades de niñez del país, sea reconocido como acompañante de la SENAF como autoridad de aplicación. “Inmediatamente después de la media sanción en Diputados, previmos que también el Senado la aprobaría, por lo que tuvimos reuniones con los sindicatos, con la Defensoría de Niños, con universidades, con UNICEF, con la familia Dupuy y distintos especialistas en el área”, especificó Lerner.

En marzo se aprobó el primer curso dentro del Plan Nacional de Capacitación sobre los Derechos de Infancias y será implementado de manera virtual a partir de septiembre.

Metodología

El primer curso obligatorio para la administración pública votado por el Consejo Federal de la Niñez y acordado por la SENAF es un curso virtual que será autoadministrado. “Les va a llevar entre 15 y 20 horas ver los videos, leer los textos e ir respondiendo las preguntas que permite avanzar a los cuatro módulos”, puntualizó Lerner.

Sobre la capacitación, Lerner aclaró que está centrado en el tema de la detección temprana y abordaje de los abusos y las violencias, y que apunta a brindar elementos conceptuales respecto de la familia, la promoción del buen trato, los marcos normativos, el conjunto de organismos que inciden en la protección infantil, el sistema educativo y de salud, organizaciones sociales, entre otras.

“El material brinda elementos para que cualquier agente pueda contribuir en la detención temprana de abusos o maltratos a partir de alarmas, indicadores y mucho asesoramiento”, explicó Lerner.

El INAP ya empezó a convocar a los agentes de la administración pública nacional y la SENAF tuvo una reunión con ministerios y organismos para decidir qué entidad debe tener prioridad en esta primera etapa. “La primera capacitación se iniciará el 7 de agosto y aspiramos a que haya entre 2.500 y 3.000 agentes del Estado recibiendo la capacitación”, apuntó Lerner.

Campañas de concientización

“La prevención de la violencia infantil empieza por la relación de los adultos más cercanos con los niños y las niñas”, identificó Lerner, quien además aseguró que esta temática será abordada en las campañas de concientización que deberán brindar al público en general como parte de lo que dictamina la normativa.

Durante la segunda quincena de agosto comenzará una campaña televisiva de concientización sobre cómo actuar ante un caso de vulneración de derechos y desnaturalizar en los ámbitos familiares y comunitarios “las violencias que están invisibilizadas y que son generalizadas y naturalizadas”.

Muchas veces las familias, las comunidades, hasta en actividades docentes aparecen formas de trato violento, de trato psicológico, emocional, en algunos casos de castigo físico, pensando que es una buena modalidad de educar a los niños y las niñas. “La campaña apunta a reducir, nos gustaría erradicar, pero razonablemente apuntamos reducir las violencias contra niños, niñas y adolescentes”, reconoció Lerner.

Sobre la manera en la que los medios de difusión abordan las noticias referidas a las infancias, Lerner determina que “el tema no tiene un capítulo en esta Ley, pero sí en la Ley de Medios que no logró mucho impacto en este sentido”. 

"Desde la SENAF trabajamos con la Defensoría del Público e hicimos muchas capacitaciones para periodistas con guías y protocolos, pero evidentemente nos está faltando una mayor fuerza para poder poner límite a algunas prácticas que lejos están de favorecer el buen trato", finalizó Lerner.

Es importante tener en cuenta que en el último informe presentado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, perteneciente a las estadísticas recaudadas durante el 2022, se identificó que de un total de 13.835 denunciantes, un 34% fueron niñas, niños y adolescentes.