Publicado en el suplemento

Acciones para la Participación Ciudadana, en diario Perfil

Sobre la situación del litio en el país hay muchas posturas y bien diversas. Desde pensarlo como una plata clave en el marco del desarrollo  productivo a verlo como una posibilidad de progreso para comunidades de distintos puntos del país, las opiniones abundan.

Pía Marchegiani, abogada y directora de Política Ambiental de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), aporta su mirada a partir del compromiso con el cuidado del ambiente y la vinculación con las comunidades del salar Olaroz-Cauchari y de Salinas Grandes, en Jujuy.

El litio es pensado como un actor clave en el desarrollo económico. ¿Cuáles son los cuestionamientos que hacen?

Hay un plano global, vinculado al consumo y al consumismo, y uno más local, de impactos ambientales.

Vemos que se piensa en el litio como vehículo para la transición energética, pero no se contempla qué debemos hacer distinto. Por ejemplo, nadie quiere dejar de usar su auto, solo que pretende que sea eléctrico. Así, no se resuelve el fondo, sino lo superficial y no hay mineral ni recurso que aguante. La transición energética debe ser más racional.

Por otra parte, los salares de la Puna también son sumideros de carbono. ¿Los vemos como un lugar donde hay litio y no vive nadie u observamos la complejidad en torno a los salares y los roles ecosistémicos que cumplen y que hay que seguir estudiando?

Oportunamente, hubo sectores que cuestionaron los estudios de FARN. ¿Hay investigaciones suficientes para concluir que el litio es inviable encarado de este modo?

Hay poca información pública generada de manera rigurosa e imparcial. La información disponible es la que proveen las propias empresas con interés en que los impactos ambientales sean minimizados. Lo que nos dicen los estudios que encomendamos desde FARN es que se debe tener cuidado, porque puede haber problemas con el agua. Hicimos un estudio preliminar con mucho esfuerzo, porque la información no está disponible, donde los hidrogeólogos realizaron los cálculos de modelaje de un salar. Es decir, cuánta agua entra, según los datos de precipitación, y cuánta sale, a partir de lo que indican las empresas que extraen de salmuera. Son estudios preliminares, que podrán complementarse, pero de por sí no cierran los equilibrios. Ojalá el Estado realice estudios serios sobre los balances hídricos de cada cuenca como parte de las líneas de base ambiental y tome decisiones en base a ello.

¿Cómo deben pensarse los salares?

Pensar al salar como cuenca es pensarlo de otra manera, es entender que cuando uno mira los estudios de impacto ambiental de las empresas, al ser un ecosistema líquido donde el agua se traslada, se debe contemplar en una dimensión más amplia. Es necesario hacer estudios de base a nivel cuenca e, incluso, en su interconexión con otras. Hoy por hoy, la forma que tenemos de analizarlo es en lo que cada empresa define como zona de influencia, vinculada a las cuadrículas de permisos mineros. Planteamos que hay que mirar más allá de la cuadrícula o de dónde están las operaciones mineras o sus residuos y contemplar los impactos acumulativos de dos o más proyectos mineros en estos ecosistemas frágiles. Lo mismo cuando hablamos de consulta a las comunidades o de qué forma van a participar. La comunidad que está al lado va a ser directamente afectada, porque seguramente va a tener un campamento minero, entre otras cosas. Pero una que está 20 kilómetros más allá y vive de esta misma agua, puede verse afectada. Hay que pensar los salares como ecosistemas complejos y en los que el agua es el principal elemento crítico.

¿Cuál es el grado de acceso a la información?

La información, en Jujuy, hay que pedirla prácticamente a través de un juicio. Esto no es admisible si se mira cómo progresa en materia de acceso a la información en otras áreas. Por ejemplo, la provincia hizo un avance importante en digitalizar todos los pedidos que hay relacionados con la minería, pero todavía no están anexados los estudios de impacto ambiental. De acuerdo al derecho ambiental, el proyecto no puede ser autorizado sin una instancia de participación pública. Debe estar la información para leerla, entenderla y luego opinar. Además, no hay instancias suficientes de participación ni consultas a las comunidades indígenas. A las empresas les piden un acta que diga que se reunieron con la comunidad, pero eso no es participación tampoco. El Estado no aparece en esos diálogos, en esas relaciones. Eso va en contra del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento legal con mayor jerarquía que el código minero y que establece que es el Estado el obligado a consultar, más allá de lo que hagan las empresas.