El Órgano de Revisión Nacional (ORN) de Salud Mental exigió la implementación de la Ley N° 26.657. Tras el caso de la droga adulterada en San Martín, el debate público sobre consumo problemático de sustancias derivó en cuestionamientos hacia la norma y las dificultades de conseguir internaciones sin consentimiento en ciertos casos.

Según recordaron, el artículo 20 de la Ley admite las internaciones involuntarias, a la vez que dispone de mecanismos de control para evitar situaciones de abuso o vulneraciones de los derechos humanos de las personas usuarias. “De hecho, en los últimos nueve años la Secretaría Ejecutiva del ORN recibió más de 30 mil comunicaciones sobre internaciones involuntarias en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, las que se suman a las que se producen en el resto del país”.

Según el Órgano de Revisión Nacional, existe un déficit en la oferta de asistencia ambulatoria y de internación.

Desde el Órgano explicaron que lo que sí existe es un notable déficit en la oferta asistencial ambulatoria y de internación para dar respuesta a las demandas en salud mental y consumos problemáticos en jurisdicciones del país. “Incluso el sistema público de salud a menudo rechaza la atención a los usuarios, en infracción a lo que establece el artículo 28 de la norma”, remarcaron.

Según la ORN, actualmente no están garantizados aspectos de la norma como la disponibilidad y accesibilidad a centros de salud con equipos interdisciplinarios, a servicios de salud mental en los hospitales generales, sanatorios y policlínicos o a centros comunitarios y hospitales de día y de noche. Además indicaron que los psicofármacos no están disponibles en el primer nivel de atención y en los hospitales generales.

“Los familiares y allegados de las personas con problemáticas de salud mental o de consumos reciben con frecuencia una orientación e información inadecuada de parte del sistema de salud cuando acuden a solicitar asistencia”, indicaron desde el Órgano

La institución sostiene que hubo avances en la implementación de la norma aunque aún son insuficientes. Para lograrlo, reclaman que se creen órganos de revisión y de servicios de la defensa técnica especializada en el país y que se aumente la inversión en salud mental hasta llegar al 10% del presupuesto en salud, como indica el artículo 32 de la ley. 

Desde el Órgano alertaron sobre la importancia de fortalecer la prevención para evitar el consumo problemático de sustancias. 

Además, faltan generar dispositivos de atención ambulatoria y de internación en los hospitales de la red pública e incluir a las familias en las estrategias de abordaje. El órgano manifestó que también es vital “el fortalecimiento de las estrategias de prevención para evitar los consumos, de los tratamientos de rehabilitación y de las estrategias de reducción de daños para mejorar la salud y calidad de vida de las personas en situación de consumo”.

Si todo esto fuera conseguido, el ORN considera que “no se requiere una modificación de la Ley 26.657, sino su correcta y plena implementación”, ya que la norma “ofrece herramientas para dar respuestas eficaces a las situaciones planteadas, al tiempo que garantiza los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, que requieren una protección especial debido a la particular situación de vulnerabilidad que atraviesan”.