La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por finalizada su intervención en la Causa Mendoza, iniciada en 2004 por un grupo de ciudadanos que demandó al Estado Nacional, Provincial, al Gobierno de la Ciudad y a varias empresas como responsables de la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. La reciente resolución concluyó que "las estructuras institucionales y las políticas de saneamiento ya están establecidas, por lo que el rol de supervisión no resulta necesario".

En disconformidad con esta situación, distintas organizaciones de la sociedad civil interpusieron un recurso de queja ante el tribunal para manifestar el desacuerdo con la decisión de cerrar el proceso judicial por el saneamiento de la cuenca. 

Entre las entidades que plantearon objeciones figura el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Vecinos de la Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que advirtió sobre los desafíos pendientes, la falta de cumplimiento de determinados objetivos y la omisión de una audiencia pública en el cierre del proceso, dado el impacto de la problemática.

La decisión de la Corte considera que los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) “se alcanzaron, en parte”  y que “algunos deberán continuar en ejecución permanente”. Por tal motivo, el tribunal superior transfiere la supervisión y gestión de la recuperación ambiental de la cuenca a ACUMAR y a los jueces locales, quienes deberán hacerse cargo de los futuros reclamos sobre el tema.

El documento hace hincapié en las dificultades que se le presentaron al máximo tribunal para establecer una coordinación entre los múltiples actores políticos y sociales que formaron parte del caso. Esto generó retrasos en el avance de ciertas obras, como el traslado de viviendas ubicadas en áreas de riesgo y la finalización de infraestructura crítica. Según la información de la página oficial del Gobierno de la Ciudad, del total de las familias que habitan a lo largo de la cuenca, se mudaron más de 1.600 a distintos conjuntos habitacionales, mientras que el marco del convenio contempla asistencia a 17.771 familias en condiciones de alto riesgo ambiental.

En esa línea, el tribunal resolvió que “no se establecerá un fondo de compensación por el daño moral colectivo solicitado por los actores, dado que la recomposición ambiental se encuentra en proceso y aún no puede determinarse si el daño es irreversible”.

ACUMAR informó que se logró un 89% de avance en la liberación del Camino de Sirga.

Entre los controles que se realizaron durante los últimos 15 años, en un informe de 2020, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó inconsistencias entre los registros oficiales y las rendiciones de gastos. Además, evidenció la falta de documentación obligatoria y falencias en el PISA que lo vuelven “poco confiable”.

En ese eje, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) también presentó un informe en que se audita la ejecución del PISA del gobierno porteño durante el segundo semestre de 2019. El organismo de control encontró líneas presupuestarias que no se relacionaban con las actividades que ejercían, retraso en las tareas de relocalización de familias y errores en los registros de acciones.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) identificó que en 2020 no se ejecutó el presupuesto nacional destinado a vivienda en la Cuenca Matanza - Riachuelo y que para 2021 el Estado proyectó una reducción de más del 27% en el mismo.