“Auditoría” es uno de los vocablos de moda en el ámbito de la gestión pública actual.

En los despidos que se vienen profiriendo dentro de las diferentes dependencias del Estado se argumenta, aunque aún no se puede acceder a datos comprobados, que “se sostienen en auditorías realizadas”.

Durante el conflicto con las universidades y sus recursos presupuestarios, se habló de auditar a las casas de estudio, acaso para atenuar lo que terminó siendo la mayor marcha en contra del gobierno a la fecha.

Justamente el Ejecutivo alega que algunas universidades han servido para tercerizar contrataciones que escapan a los controles establecidos.

Por estos días, hablando de eludir controles, aparecen contrataciones con la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos).

La OEI es un organismo internacional de carácter intergubernamental, para la educación, ciencia, tecnología, y la cultura por la integración regional con sede central en España y 23 estados miembros, entre ellos, la Argentina.

Su financiación es el aporte voluntario, y cuotas obligatorias por parte de los estados asociados, más las contribuciones que pueden realizar instituciones, fundaciones y otros organismos.

Su máxima autoridad es una asamblea integrada por representantes de los estados, que eligen a un Secretario General (el español Mariano Jabonero Blanco).

La transparencia no se declama, se ejerce y se demuestra.

También posee un Consejo Directivo, relegado de la asamblea, para la administración de la OEI, integrado por los Ministros de Educación (o sus representantes), y presidido por el país designado para la próxima Asamblea General.

El Secretario General se apoya en varios directores de oficinas nacionales (de la página de la OEI no surge el modo en el que son elegidos), siendo uno de ellos el argentino Luis Scasso.

Los balances de la OEI (el último en diciembre 2022) son auditados por la firma BDO, empresa que cuenta en el plano internacional con 167 países, y su sede central es Bélgica.

La sede de la OEI argentina es (al 2022) la que mayor cantidad de personal posee de todas, 92 personas, le sigue España (76), Colombia (70) y luego, entre otros, Brasil (16) y Uruguay (3).

La OEI, vale decirlo, tiene una trayectoria de 75 años y numerosos contratos con nuestro país. En este momento hay una gran cantidad de licitaciones y contrataciones (además de las que generaron escándalos y despidos) en proceso de ejecución.

En ese orden, resultaría oportuno efectuar una auditoría de estas contrataciones, ya que los fondos son públicos, provienen del Estado bajo el mando del Poder Ejecutivo.

Las distintas auditorías en la administración pública han estado en cabeza de la SIGEN (control interno) pero los controles de la OEI han quedado fuera de su esfera.

Por otra parte, la AGN (control externo) aún no ha avanzado, según su plan de acción, en auditorías sobre la actual gestión, amén que estas contrataciones escapan al trabajo habitual del organismo de control.

La transparencia no se declama, se ejerce y se demuestra. Resultaría oportuno activar a la SIGEN detrás de estos contratos para quitar el manto de sospecha sobre las tercerizaciones del Ministerio de Capital Humano con la OEI.

Asimismo, es hora de facultar, con las leyes adecuadas, a los diversos organismos de control para que puedan intervenir ante cualquier uso de fondos públicos a través de intermediarios. Sobre todo, porque no queda claro por qué se recurre a terceros (en este caso la OEI) cuando, a simple vista, pareciera que se pueden realizar de forma directa. 

Un mejor direccionamiento de las auditorías haría más cristalinas todas las formas de contratación.

Tal vez, con una pertinente normativa, sin recovecos, sin atajos, y con un proceso de control cercano en el tiempo y al alcance de la ciudadanía podamos unirnos al lema de la OEI, “Hacemos que la cooperación suceda”.