Desde que el hombre se organizó social y económicamente ha sentido la necesidad de controlar, de medir, de valorar,  de comparar. Muchas veces, esa necesidad guarda relación con saber en qué grado los administradores, gestores y agentes de las organizaciones están realizando su trabajo y cumpliendo el rol que les fue asignado.

Una práctica generalizada para apoyar la actividad de controlar o de evaluar consiste en asociar o combinar cifras, magnitudes o cualidades que correspondan a distintas facetas o situaciones de una gestión. Cuando así procedemos estamos construyendo indicadores, índices, razones. 

Los indicadores ilustran, dan pistas, suministran señales, indicios, y  -a través de esto- contribuyen al conocimiento de la envergadura de los problemas; ayudan a formular propuestas de resolución, adoptarlas, hacer un seguimiento de ellas y evaluar el grado de consecución de las metas y objetivos planteados.

 APOC es una organización de trabajadores interesada por la mejora de la transparencia, la eficacia y la calidad de la gestión pública. Cotidianamente da prueba de ello con sus proyectos normativos presentados a la consideración de las autoridades y de la sociedad, y con sus acciones de educación académica en el campo del control y la auditoría del gobierno y de difusión -vía libros, debates públicos y espacios mediáticos- de los derechos y deberes ciudadanos en el marco de una República democrática. En el mismo orden de ideas, se encuentra su trabajo de elaboración de un sistema de indicadores de la “responsabilidad pública”. Lo ha expuesto, en forma detallada, en el curso de la V Jornada de la Asociación de Auditores Internos del Estado, realizada el 1º de octubre pasado en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Con nuestro sistema de indicadores queremos ver la responsabilidad pública como una suerte de “responsabilidad social” del gobierno. La “responsabilidad social” es el imperativo moral de adoptar comportamientos institucionales que tengan repercusiones positivas sobre la sociedad.

El principal mandato de la “responsabilidad social” del gobierno es promover la acumulación de “capital social”. De acuerdo con Stefano Zamagni, el “capital social” es la trama de relaciones de confianza.

El gobierno representativo está basado en la confianza. La sociedad confía a los gobernantes la administración de los recursos públicos; normalmente, nadie espera que éstos cometan atracos y abusos. De todos modos, los gobernantes deben honrar la confianza pública rindiendo cuentas de su gestión. En general, los gobiernos que hacen el esfuerzo de abrirse a la observación pública están en mejores condiciones de crear el “clima” de confianza que necesita una convivencia social civilizada. Es vital que la sociedad adquiera una razonable seguridad en cuanto a la integridad de los funcionarios públicos.

El programa de la “responsabilidad pública”, tal como lo hemos diseñado, no se agota con la asignación de una calificación numérica a una gestión de gobierno, con su aprobación o desaprobación. Buscamos que nuestro trabajo de evaluación, y su difusión, puedan significar:

Incentivos de mejoras para los responsables de la gestión pública.

Un aporte para que, cada día, sea mayor el número de las personas que se interesan por conocer, comprender y criticar:

La elaboración y ejecución del presupuesto público.

La rendición de las cuentas del Gobierno.

La forma en que el Gobierno contrata y compensa a sus trabajadores.

Los trabajos e informes de los organismos estatales de control

APOC ha hecho un llamado público a los gobiernos de todo nivel a incorporarse al mecanismo de evaluación que resulta del índice de responsabilidad pública. Hasta el momento, nos ha manifestado su interés al respecto la provincia de Tierra del Fuego. El 12 de noviembre último, su gobernadora suscribió un convenio para la aplicación del sistema al caso de su administración, ocasión en la que señaló que el proceso de evaluación “…significa la posibilidad de monitorear las acciones públicas en relación al presupuesto, y apostar fuertemente al mejoramiento de la calidad institucional”.

A los gobernantes necios e inescrupulosos no les agrada, ni les interesa, que los controlen, que los midan, que los escruten. Los gobernantes bien intencionados, en cambio, encuentran en la autoevalución y en la evaluación externa una posibilidad de consolidar sus fortalezas y superar sus debilidades; ven en ello la oportunidad de organizar su administración de cara a las necesidades y exigencias de los ciudadanos, de establecer lazos de confianza con la comunidad y con sus trabajadores dependientes.