Hacerse un machete para rendir examen. Dar plata adicional para conseguir una mejor ubicación en el cine. Usar el documento de un amigo para entrar al boliche. Comprar películas truchas. Darle plata a un policía para que no nos haga la multa. Pedirle a un amigo mayor de edad que nos compre la bebida alcohólica que de otro modo no nos venderían. Simular una enfermedad para no ir a trabajar. Comprar fotocopias, en lugar de los libros, para estudiar. Darle coima al empleado para que nos acelere un trámite.  Ser funcionario público y usar ese trabajo para enriquecerse sin justificación. Falsear la declaración de impuestos para pagar menos. Contratar  familiares en el Estado solamente por el hecho de ser familia. Usar los fondos públicos para beneficio personal.  No rendir cuenta de cómo se usa la planta en la acción de gobierno. Simular una competencia de empresas en un proceso licitatorio.

¿Que podemos decir de todas esas conductas? En primer lugar que están mal, que son reprochables desde un punto de vista ético y en algunos casos desde la ley positiva. Después de esta primera afirmación surgen preguntas, muchas. ¿Qué no todas tienen los mismos efectos o consecuencias? ¿Qué no son comparables? ¿Qué algunas corresponden al plano privado y otras son de la esfera pública? ¿Qué los funcionarios deben rendir cuenta?

Efectivamente, no  todos esos actos son comparables. Sin embargo,  tienen un elemento en común, un  rasgo que las emparenta.  Las enlaza una ausencia, un requisito que no se cumple. Nos referimos a la carencia de la obligación de rendir cuentas.

Siempre existe un sujeto individual o colectivo frente al cual dar cuenta de los motivos y consecuencias de nuestras decisiones. A veces, ese sujeto es uno mismo y en ese balance íntimo y personalísimo cada uno sabe cuándo aprobó y cuando no. Es la entrañable “voz de la conciencia”.  Cuando el actor que nos interpela es colectivo e institucional nos encontramos en el plano de “lo público”. Los protagonistas son los gobernantes y funcionarios dando cuenta de sus acciones de gestión frente a la ciudadanía.

Pero, ¿si la obligación de rendir cuentas se encuentra debilitada tanto en el plano individual como colectivo? ¿Cuáles son los mecanismos para instalarla y fortalecerla? No tenemos una respuesta que atienda a la complejidad del asunto. Sabemos que cada sociedad define, en cada momento, qué es lo valioso y por ende lo disvalioso, entonces, existe allí una pista para la actuación:  acciones pedagógicas que impacten en el campo de los valores y las conductas. Digámoslo con pocas palabras, instalar la premisa que rendir cuenta está bien, es lo deseable.  Es tarea de la ética en el terreno individual,  esa que nos hace mejores personas. Y es tarea de la política en el campo colectivo, esa que nos hace mejores sociedades.  Siempre es más sencillo ser mejores individuos en sociedades más humanas.

Hugo Quintana