La frase del título la pronunció, tiempo atrás,  un joven estudiante de 16 años de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires durante una jornada de trabajo del Programa Escuela de Vecinos. En ese momento, cientos de alumnos de colegios de gestión pública y privada, confesionales y laicos,  de los barrios más pobres y también de los más favorecidos, debatían con pasión. El objetivo: consensuar las propuestas que presentarían en la  Legislatura porteña, en lo que es la última actividad del Programa cada año y que se repite, como estimulante rito cívico, desde hace seis.

En uno de los tantos reportajes que le hicieron al talentoso director Juan José Campanella a raíz del Oscar obtenido por su película El Secreto de sus Ojos, el prestigioso realizador señalaba que “tenemos una buena legislación en materia cinematográfica, todo depende de que se cumpla”.  A propósito, ¿cuántas veces hemos escuchado o repetido nosotros mismos la afirmación “la ley es buena pero no se cumple”?

No es objeto de esta reflexión, ni el funcionamiento de la industria del cine, ni las leyes que la regulan. Tampoco pretendemos evaluar aquí la experiencia pedagógica de Escuela de Vecinos. Nuestro propósito, en estas líneas, es indagar cómo se enlazan la afirmación de aquel joven que se estaba iniciando en un ejercicio de participación ciudadana y la de este exitoso profesional de la cultura argentina.

Entendemos que las normas, no son un mero dictamen, una enunciación abstracta de un “deber ser”, deben ser generadoras de cultura. En este sentido, no alcanzan ni sirven las leyes que son declarativas pero que no logran encarnarse en el accionar cotidiano, de los ciudadanos, de las empresas, de los gobiernos.

Es la actividad del control la que permite darle contenido material a los sistemas normativos. El seguimiento del accionar del Estado en todos sus poderes y niveles de decisión es el que potencia la vigencia de los derechos y garantías para todos los ciudadanos por igual.

La fiscalización de los poderes públicos a través de organismos estatales profesionales, con independencia de criterio y financiera son prerrequisitos para la “construcción de una cultura de la rendición de cuentas”. Esa en que ciudadanos y gobernantes se vean estimulados y obligados a obrar en términos del bien común.

Hugo Quintana