Finalmente se rompió el hermetismo y se conocieron las cláusulas del contrato firmado entre YPF y Chevron. A más de 300 días del fallo de la Corte Suprema, la Justicia le entregó el acuerdo al Diputado Socialista por Santa Fe, Rubén Giustiniani, quien lo hizo público y envió copias al Congreso de la Nación.

Uno de las cuestiones que más polémica despertó es que la petrolera no tomó inversión sino un préstamo de otra firma. Se sospechaba que en el medio había empresas Off Shore, contó el Dirigente del PO, Gabriel Solano, a Gestiónpublica.info y explicó que lo que se buscó con esa maniobra es impedir que la petrolera sufra cualquier tipo de embargo.

Las empresas petroleras siempre generan derrames y eso les genera grandes multas. Para zafar de las sanciones aparecen como préstamos y no como titulares del emprendimiento, de esa manera se le tendría que hacer juicio a la firma Off Shore, que seguro no tendrá capital para responder, continuó Solano.

Cabe recordar que antes de que se firmase el contrato entre YPF y Chevrón, la empresa estadounidense recibió una sanción millonaria por parte del Gobierno ecuatoriano. Pero, además, Solano hizo hincapié en que el contrato fue firmado en inglés y no precisamente por tratarse de un texto bilingüe. Cuando se firmó el acuerdo durante el Gobierno de Cristina Kirchner se puso como jurisdicción a los juzgados de Nueva York y también a los tribunales de París. De esta manera, el contrato renuncia a la soberanía nacional, entendió el hombre del PO y exclamó: Cualquier litigio que haya no lo resolverá la justicia argentina.

En ese sentido, Solano afirmó que Cambiemos y el Kirchnerismo se manejan de la misma manera en cuanto al acuerdo.

Por último, admitió que no cree que el contrato haya sido publicado en busca de transparencia. Hubo presión de otras empresas petroleras para conocer los beneficios de su competidor, lanzó y concluyó: Ahora va a existir una presión de las empresas sobre el Congreso para que se generalicen por Ley los beneficios que ya tiene Chevrón y puedan acceder a desgraduaciones impositivas.