A fines del año pasado, 16 de las 24 jurisdicciones que integran nuestro país acordaron la redacción de un documento que se denominó Acuerdo Federal para la Gestión Pública, el cual, según informaron, constituye un conjunto sistemático de proposiciones cuyo objeto es fortalecer la capacidad de gestión del sector público y la prestación de servicios de calidad, para satisfacer las demandas de la ciudadanía de manera equitativa, transparente y eficaz.

Entre los distritos que adhirieron en aquel primer encuentro, realizado en San Miguel de Tucumán, se encuentran: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Más tarde, ya entrando en el 2011, se sumaron las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Río Negro, Santa Cruz, y Tierra del Fuego. 

Según se describe, el objetivo principal del acuerdo es aprobar las metas que las administraciones públicas nacional, provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a alcanzar en el periodo 2010-2016, a efectos de lograr una respuesta institucional homogénea de las organizaciones públicas en todo el territorio nacional y mejorar su relación con la ciudadanía. 

En diálogo con gestionpublica.info, Julio Saguir, secretario de Planeamiento de la provincia de Tucumán, reflexionó acerca de la importancia del acuerdo: Por primera vez, las provincias pueden establecer conjuntamente metas mínimas a las que se comprometen a arribar en un futuro próximo. Según consideró, hoy hay una disparidad muy grande en los niveles de recursos entre las jurisdicciones en lo que hace a gestión pública, entonces esta heterogeneidad hace difícil compartir estrategias, y avanzar en propósitos comunes. 

El documento contiene también el anexo Compromiso Federal de Objetivos y Metas de Gestión Pública 2010-2016, donde se propone mejorar los niveles de buen gobierno y calidad de las administraciones provinciales; fortalecer el sistema de empleo público provincial; mejorar las capacidades de los agentes y funcionarios públicos; y mejorar las capacidades provinciales asociadas al Gobierno Electrónico. Para Saguir, el establecimiento de estas metas comunes hace factible un piso desde el cual se facilita caminar juntos; si todas las provincias se encuentran, se hace mucho más fácil el avance hacia la modernización del Estado. Además, aclaró que Tucumán ya tiene un 75% de los objetivos planteados cumplidos, pero esto nos obliga a avanzar en aquellos que aún quedan pendientes.

 Según se indica en el texto, la calidad de las políticas públicas permite a los gobiernos sumar a su legitimidad institucional, la valoración de los beneficios tangibles resultantes que las mismas ofrecen a la ciudadanía y, en este sentido, la gestión de la cosa pública adquiere una relevancia especial, que exige la profesionalización permanente de su capital humano y la modernización de sus recursos técnicos y materiales.

 Este acuerdo es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre las provincias, y según confesó Saguir a gestionpublica.info, de diagnósticos realizados en distintas áreas, como por ejemplo la de capacitación. Fue así como surgió la idea de hacer algo más extensivo a todas las áreas de la gestión pública, como la de empleo, calidad, y gobierno electrónico, afirmó, y a la vez recalcó que es un logro federal importante, en donde las provincias podemos ser solidarias en el sentido de compartir recursos y avances. 

El Acuerdo funciona en el marco de lo que se conoce como Consejo Federal de la Gestión Pública, una organización creada en 1992, y se pueden obtener más detalles en www.sgp.gob.ar. Allí se plantean modelos de gestión a instrumentar en las diferentes administraciones del país. Tiene una Asamblea donde se reúnen los representantes de todas las jurisdicciones. Actualmente, está presidido por la secretaria de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Silvina Sabala, y es coordinado por Enrique Iribarren (ver aparte).

En el Sexto Congreso Argentino de la Administración Pública, realizado a principios de este mes en la provincia de Chaco, hubo una exposición dedicada al Acuerdo. En la charla, de la que participó Julio Saguir, se explicó que la iniciativa partía de una certeza: las asimetrías que existían en las provincias con respecto a la prestación de servicios por parte de los Estados. La idea destacaron- es llegar a 2016, el segundo Bicentenario, con la mayor parte de esas asimetrías superadas.

Entrevista al Coordinador del Consejo Federal de la Gestión Pública, Enrique Iribarren

-En la implementación de esta estrategia se destacaron las asimetrías existentes entre las provincias, ¿cuáles son esas diferencias?

-Todas, desde asimetrías en población, en recursos, en infraestructura, en conceptos, modelos, capacidades. Las diferencias a lo largo y ancho del país son muy grandes. En general, en temas de gestión pública se piensa, y en algún sentido la experiencia da la razón, que el Estado Nacional innova sus modelos de gestión más que las provincias; las innovaciones generalmente nacen de la Nación y luego se van difundiendo a las jurisdicciones. Pero creo que eso ya no es tan así. Sí es cierto que hay una asimetría grande en la incorporación de tecnologías entre el Estado Nacional y los Estados provinciales. Inclusive, en muchas provincias todavía no hay una unidad que tome a su cargo los temas que hacen a la administración o gobierno electrónico; entonces, puede que algún ministerio o área de gobierno, como sucede en muchos casos, se transforme en una isla tecnológica. En general, esos organismos suelen estar vinculados a la recaudación y la prestación de servicios, como la ANSES, pero el conjunto de la administración no se nutre de eso, entonces lo que este Acuerdo Federal tiende a hacer es precisamente tratar de que todas las provincias alcancen niveles que permitan a la ciudadanía el acceso a los servicios y respuestas a sus demandas con una similar calidad en todo el país.

-¿Ese piso común podría alcanzarse en 2016?

-Tengo la esperanza de que será así. Pero de todas maneras, en estos procesos de modernización del Estado, el factor humano es esencial. Las personas cambian con rapidez en algunas cuestiones, pero no en otras, y muchas veces las organizaciones reflejan una inercia y un conservadurismo aún mayor de la que puede tener un individuo solo, eso es complicado. Yo noto que hay una conciencia cada vez más difundida en los gobernadores de que el Acuerdo, es absolutamente necesario. Creo que todas las provincias están en este momento preocupadas, y han planificado -o están intentando planificar- de qué manera construir ellas mismas un proceso de desarrollo que las posicione en el mercado latinoamericano y mundial. 

-Tras el nombramiento de Juan Manuel Abal Medina en la Secretaría de Medios no se designó un nuevo titular para Gestión Pública, y el área pasó a ser Subsecretaría. Por lo menos desde lo organizativo, parece un descenso. ¿Cuál es su opinión sobre el lugar que le da el Estado Nacional a la gestión pública? 

-La estructura formal del Estado siempre está sometida a los cambios que necesita la actividad política. Lo hemos visto en el caso de la creación de un ministerio o el desdoblamiento en dos de una cartera. Lo que no se pierde en ninguno de estos cambios son las funciones, las atribuciones o las competencias que estaba desarrollando esa unidad. En el caso de la Secretaría de Gestión Pública estamos en un ejemplo de esto, toda la tarea está ahora sumada a lo que hacía anteriormente la Secretaría de Gabinete, y con ese nombre estamos funcionando.

-¿No hubo recortes de competencias y atribuciones?

-No, para nada. De hecho, la Subsecretaría en la que están inmersos todos estos procesos de trabajo se mantiene plenamente.