El gobierno nacional comenzó a trabajar en un plan de control y transparencia en 40 empresas del Estado. Esta decisión corresponde al compromiso que asumió hace algunas semanas en la visita de una misión del G-20 en nuestro país donde prometió cumplir con las normas internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que apunta a generar mecanismos de mayor transparencia, control y agilización del funcionamiento de las empresas estatales.

Esta iniciativa nos parece muy buena, es la primera vez que se aplica. La decisión responde a una serie de medidas que está empezando a diseñar e implementar el Estado Nacional respecto a la trasparencia y promoción del gobierno abierto. Es parte de un paquete mucho más grande, expresó German Emanuelle, director del área de Justicia y Acción Ciudadana de Poder Ciudadano.

Empresas estatales como Austral, Belgrano Cargas, AySA, Tandanor, Coviara, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, el Banco Hipotecario, la ANAC, Camesa, YPF Gas o Yacyretá, estarán sometidas al plan de "gobernanza corporativa de las empresas de propiedad estatal", un régimen de transparencia ajustado a las directrices de la OCDE en materia de controles para empresas, donde se pedirá más transparencia en las compras y contrataciones. Además, se realizaran monitoreos y habrá mayor regulación.

Es cierto que desde los comienzos de la gestión de este nuevo gobierno uno de los puntos que más preocupaba era el rol del sector privado. No solamente las empresas públicas sino muchas empresas que se vinculan con el Estado empezaron a ver el tema como prioritario. Este anuncio no es solo un avance en la materia sino que además es un puntapié inicial para que las empresas privadas empiecen a tomar iniciativas similares, explicó Emanuelle.

El manual que contiene 7 capítulos con las directrices a seguir que figura en la página web de OCDE informa que las nuevas normativas internacionales sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas proporcionan una referencia internacionalmente acordada que permite a los Estados evaluar y mejorar la forma en que ejercen su función de propiedad en las empresas públicas. La reforma del buen gobierno corporativo de las empresas públicas es una cuestión clave y prioritaria en muchos países. Mejorar la eficiencia y la transparencia del sector público redundará en beneficios económicos considerables, especialmente en aquellos países donde el tamaño de este sector es importante, aseguró el especialista de Poder Ciudadano.

Falta sinceramiento del sector privado en Argentina, resaltó Emanuelle, quien además subrayó la necesidad actual de empezar a trabajar y mejorar los organismos estatales de control. Este es un tema en el que no se trabajó aun, por lo menos desde esta gestión. Tenemos que reforzar los entes de control, internos o externos, y que vuelvan a tener la naturaleza que tenían antes. El Estado tiene que ver que va a pasar ahora con la Sindicatura General, la Auditoria General de la Nación, las Procuradurías propias de la Procuraduría General de la Nación y los centros reguladores, que en últimos años sufrieron una degradación casi absoluta en materia de control efectivo, me parece que este es un debate pendiente, finalizó.

Plan

Este plan contempla estrategias dedicadas a establecer códigos de ética inexistentes, regular los directorios de empresas, fijar políticas de transparencia, delimitar nuevos mecanismos de compra del Estado y mayor control sobre las empresas de propiedades estatal. La propuesta es amplia, pero se prevén monitoreos obligatorios de la Oficina Anticorrupción, normas internas sobre conflictos y transparencia en el paquete accionario.