El lunes 12 de este mes la nueva agrupación Encuentro Cívico de Chaco solicitó al Gobierno provincial que ponga en funcionamiento la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública, creada por Ley Nº 7847 sancionada en agosto de este año. La oficina debe funcionar en el ámbito de la Secretaria General de Gobierno y Coordinación.

Esta reciente agrupación de la UCR presentó al Gobernador Domingo Peppo una nota en la que se señala que el organismo tiene como objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia de la gestión de los órganos del Estado.

Hugo Domínguez, Legislador provincial por la Unión Cívica Radical, dialogó con Gestionpublica.info sobre este reclamo e informó que el pedido se hizo a raíz de reiterados rechazos a pedidos de informes por parte de la Legislatura provincial. Hay muchas cosas como ciudadanos que queremos investigar y encontrar el canal que nos permita informarnos. En la legislatura no se puede porque el oficialismo rechaza la mayoría de los pedidos que hacemos. Existe una Ley que ampara esto, que tiene un marco regulatorio y no se cumple, denunció Domínguez.

Los rechazos sistemáticos se dieron en pedidos de acceso a la información tanto por parte de la ciudadanía como los realizados por los mismos funcionarios. Hemos recibido a un grupo de organizaciones de la comunidad por este tema, ya que es muy difícil acceder a la información. El canal debería ser la Cámara de Diputados, pero si la mayoría no aprueba estos pedidos de informes es sumamente difícil, denunció Domínguez.

El 31 de agosto de 2016 se creó la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante la Ley Nº 7847. Promulgada el 6 de septiembre mediante el Decreto Nº 1874 y publicada en el Boletín Oficial Nº 9982 seis días después, esta norma obliga a los funcionarios de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal a garantizar el acceso a la información y a toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, incluyendo las actas de las reuniones oficiales, que haya sido creada u obtenida por los organismos descriptos en el artículo precedente. Además, estipula como plazo de entrega 15 días hábiles con sus debidas sanciones por no cumplir. Sin embargo, y pese a que han pasado ya 4 meses y ya tiene presupuesto asignado, esta Ley nunca se puso en funcionamiento.

Esta Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública garantiza el acceso a la información pública. Acá hay mucha gente que quiere saber, por ejemplo, sobre la obra del acueducto que llevaría agua potable a un 60% de la población provincial y que debería haber finalizado hace más de tres años con financiamiento de Nación y un endeudamiento que se votó por unanimidad en la Cámara de Diputados. Desde la legislatura cuesta mucho acceder al verdadero estado de cómo está la obra, destacó Domínguez. Estos son temas que nos interesa saber que está pasando, y con papeles en mano poder tomar alguna medida acorde, finalizó Domínguez.

¿Cómo sigue? El pedido ya se realizó formalmente, con nota al gobernador. Además, se pidió una audiencia pública para el 2017.