Tras la fuga de los trece presos del penal de máxima seguridad de Ezeiza, desde distintos sectores trascendió la presunta vinculación de los guardias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el hecho. El primero en deslizar esta hipótesis fue Víctor Hortel, quien  luego de anunciar públicamente lo sucedido, presentó su renuncia al puesto de director de la institución. En su reemplazo fue designado Alejandro Marambio, quien estuvo a cargo del SPF entre 2007 y 2011 y cuya gestión fue cuestionada en reiteradas oportunidades por organismos de derechos humanos.

Según trascendió, los convictos, luego de romper 30 centímetros de hormigón armado, lograron escaparon por un boquete de 22 por 40. Es una fuga complicada para haberla hecha con simplicidad. No sólo porque la abertura parecería ser demasiado chica como para que salga una persona adulta, sino que para poder realizarla se necesitan herramientas que en la cárcel no están a disposición de los detenidos, remarcó en diálogo con Gestionpublica.info el abogado y ex director del programa de estudios de la UBA en cárceles federales, Leandro Halperín.

El especialista, resaltó la figura de Víctor Hortel y consideró que no renuncia por los equívocos sino por lo que hizo bien ya que avanzó con algunos nichos de corrupción en el sistema penitenciario. Y añadió: Estas son cosas que molestan a quienes no hacen las cosas bien y prefieren que no se sepa.

¿Qué puntos destaca de la gestión de Víctor Hortel?

Sin bien tuvo una gestión con algunos desaciertos, como la salida de unos presos en el marco de actividades culturales organizadas por la agrupación Vatayón Militante, ahora no renuncia por los equívocos sino por lo que hizo bien. Logró avanzar con algunos nichos de corrupción en el sistema penitenciario. 

¿Cómo cuales?

Las denuncias que hizo cuando la Procuración Penitenciaria alertaba acerca de irregularidades. Además, quitó la protección jurídica a los agentes del SPF en casos de denuncias por corrupción o violación de los derechos humanos. Hortel permitió el ingreso a los organismos de derechos humanos y del control. También fue importante lo que hizo en materia educativa: permitió que se visibilice lo que pasaba dentro de las prisiones. Esto molesta a quienes no hacen las cosas bien y prefieren que no se sepa. Y bueno, lo pagó caro.

¿Usted considera entonces la fuga de los presos como una represalia a las políticas aplicadas por Hortel?

Las motivaciones no pueden ser sólo pecuniarias, como trascendió en un primer momento. También debe haber ciertos elementos vinculados a intentar desestabilizar al ex director del Servicio Penitenciario Federal, los cuales, efectivamente fueron eficaces porque lograron que renuncie.

El actual director del SPF, Alejandro Marambio, estuvo a cargo de la institución entre el 2007 y 2011. ¿Cómo describiría su administración?

 Durante la gestión de Marambio tuvimos muchos inconvenientes. Se cerró el centro universitario, se hostigó y hostilizó a los estudiantes y docentes. Uno de los primeros compromisos que asumió Víctor Hortel fue normalizar esa situación y lo logró.  

¿Por qué considera entonces que Marambio volvió a ser convocado para este puesto?

Evidentemente el gobierno no tiene rumbo en materia de política penitenciaria. Fueron a la derecha entre los años 2007 y 2011, luego se rectificaron y comprometieron a orientarse en función a lo que la ley prevé para la asistencia penitenciaria. Pero dos años más tarde retomaron el rumbo contrario. Me parece que el país adolece de políticas de estado en materia penitenciaria, y las principales víctimas somos los que estamos en el medio libre, porque la gente que está en prisión en un momento sale y si no los preparamos con herramientas para que esa transición se produzca de manera no conflictiva, el riesgo aumenta para todos. Es preciso pensar de qué manera abordamos el tratamiento penitenciario. El SPF es una fuerza de seguridad en la cual la democracia prácticamente aún no ha ingresado de ninguna manera.

¿La fuga de los convictos de Ezeiza se puede poner en consonancia con la fuga de los represores de Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Olivera del Hospital Militar?

Probablemente tenga una vinculación. Cuando el SPF no quiere que alguien se fugue, no se le escapa nadie. Cuando van con custodia es muy extraño que se escapen uno, dos o trece.

¿Qué cree que hace falta para mejorar el SPF?

Creo que la democracia tiene que intervenir. La ejecución de la pena tiene que ser modificada. No se debe permitir más el autogobierno de ninguna fuerza de seguridad. Las fuerzas tienen que dedicarse con exclusividad a la prevención, represión del delito y, en el caso particular del servicio penitenciario, a la custodia de los detenidos. Es importante prevenir situaciones de conflicto físico, esto es algo característico al tratamiento penitenciario. Me parece que alguien formado para castigar y reprimir no está en condiciones para brindar herramientas para educar y reinsertar en la sociedad a personas que han pasado por el delito. Debería ser una tarea de otros órganos. Las fuerzas de seguridad no están preparadas para resocializar a nadie.

¿Cuál sería la vía para que pueda intervenir la democracia dentro del servicio penitenciario?

Hay que intervenir la autoridad política. Argentina no es  el único país cuyo servicio penitenciario tiene estas características. Hay muchas experiencias de modificación que fueron llevadas a cabo con éxito.

En declaraciones a los medios, usted comentó que el gobierno no tiene voluntad de erradicar la tortura en la cárceles...

Es así. Quienes tienen que prevenir que estas cosas pasan las promueven. El jefe de la administración penitenciaria no reacciona y justifica su vista gorda llamado accidente a un homicidio. En la cárcel se violan los derechos humanos y la responsabilidad es por acción u omisión.

¿Cuál es la situación de los servicios penitenciarios provinciales?

En la provincia de Buenos Aires es mucho peor, igualmente depende de donde se esté. La información con la que contamos es muchísima menos, esto también tiene que ver con las complicidades de los administradores políticos provinciales.

A raíz de los videos que se publicaron donde se muestra como guardias de diferentes fuerzas someten a torturas a los detenidos, ¿considera que hoy se visibilizan más estas situaciones de violencia?

La sociedad se sensibiliza cuando ve las imágenes pero no hay un fuerte compromiso. Cuando el Estado mata, estamos todos en peligro. La reacción tendría que ser más fuerte. Ni el oficialismo ni la oposición se manifiestan preocupados seriamente por lo que sucede en las cárceles federales. Cuando las consecuencias golpeen nuestra puerta ahí vamos a preocuparnos, pero lo más probable es que ya sea tarde.