Unas semanas atrás, desde esta misma tribuna, señalamos la necesidad de que la Reforma del Código Penal sea sometida a un debate profundo para que de esa manera se acerque a las necesidades reales de todos los argentinos y se aleje de la puja política electoralista centrada en las presidenciales de 2015. Hablábamos precisamente de la mezquindad política con la que se trató de desvalorizar el anteproyecto de para la reforma en el que trabajaron prestigiosos juristas provenientes de diferentes expresiones políticas: el ex ministro de justicia León Arslanian, el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el también ex ministro de justicia Ricardo Gil Laavedra, el presidente del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, y la ex diputada socialista e integrante del Frente Amplio Progresista, María Elena Barbagelata. La semana pasada, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se dio marcha a un interesante proceso de debate e intercambio de puntos de vista en ámbitos académicos, una iniciativa que fue festejada por especialistas en derecho, académicos provenientes de otras disciplinas, magistrados, abogados y centros especializados en investigación en cuestiones de derecho, como por ejemplo el CELS.

Les ofrecemos este anteproyecto para criticarlo y perfeccionarlo, fueron las palabras de Zaffaroni en la apertura del acto que se llevó a cabo en el aula magna y que dio inicio al debate público. La idea es anticipar y abrir el juego antes de que el anteproyecto comience a debatirse en el ámbito parlamentario, tal como ocurrió en su momento con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que antes de ingresar al Congreso fue objeto de debate en diferentes foros en todo el territorio nacional.

Para que el debate se nutra de ideas superadoras será clave que los aportantes dejen de lado la contienda electoral y trabajen pensando en las necesidades de todos los argentinos, teniendo en cuenta que la Reforma del Código Penal no necesariamente hará bajar automáticamente la inseguridad. El problema es más complejo. Así lo explicó Arslanian, al poner como ejemplo que ninguna de las 900 reformas del Código Penal en casi 100 años sirvieron para que las tasas de criminalidad bajaran. Prueba de ello pueden ser las llamadas leyes Blumberg, que si bien endurecieron las penas no acabaron ni mucho menos con el delito. Se debe abrir paso a la razón y escuchar la palabra de quienes pueden opinar, agregó quien fuera presidente del tribunal que condenó a las Juntas Militares de la última dictadura.

La idea de Arslanian es tomar distancia de ciertos planteos demagógicos provenientes de algunos sectores políticos como puede ser el Frente Renovador de Sergio Massa, quien ha llegado a cuestionar además de la Reforma el debate en los ámbitos académicos porque, según manifestó, se realiza de espaldas a la gente.

Entre los especialistas, resulta demasiado obvio que este tipo de cuestiones no resisten miradas simplistas que vean en el aumento de las penas y la prisión preventiva la solución mágica para los problemas de seguridad. Hay acuerdo en que el ágora pública no es el lugar ideal para llevar a cabo estas discusiones, que se necesitan conocimientos específicos para evitar convertir la iniciativa en un adefesio incoherente. En este sentido, está claro que la justicia popular, la de los linchamientos, que no cuenta precisamente en sus filas con criminólogos o cientistas sociales, ha mostrado su incapacidad para llevar adelante semejante empresa. No se puede pretender que un Código Penal salga de la voz del pueblo, que se discuta en las esquinas o en los medios de comunicación; jamás ningún país ha sancionado un Código Penal de esa manera, bramó Zaffaroni durante el acto en Derecho del que participaron, entre otros, el ministro de justicia, Julio Alak, y el secretario de justicia, Julián Alvarez.

Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados, apoyó la iniciativa del debate académico pero insistió en la necesidad de ampliar la discusión a las asociaciones de magistrados, de abogados y a las ONGs con injerencia en los temas en cuestión. La mirada de Cabral tiene contrapunto en aquellos que creen que es más importante que el debate se de en ámbitos académicos por afuera de los cercos corporativos, como lo expresó Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, en una opinión publicada por el diario Página 12.

Evitando poner el énfasis en la pena, queda sobre relieve la cuestión fundamental que es la de la inexorabilidad de la Justicia. En ese sentido, se debe festejar la concordancia entre oficialistas y opositores que se está dando en otro ámbito: la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja que preside la diputada del PRO Patricia Bullrich, donde también la semana pasada comenzaron a discutirse varios proyectos de reforma de otro Código, el Procesal Penal. El que comete un delito tiene que saber que lo van a juzgar sintetizó la diputada del FpV Diana Conti, impulsora del debate. Y, en palabras de Bullrich, de nada servirá la Reforma del Código Penal si no se reformula el Código Procesal Penal para conseguir eficacia en la investigación y juzgamiento de los delitos.

Son dos los proyectos en análisis, y provienen de diputados del FpV. Los ejes de la discusión pasan por el rol de los fiscales, más activos en la investigación de los delitos, algo de lo que en la actualidad se encargan los jueces. La idea es fortalecer el esquema acusatorio a través de los fiscales, como viene sucediendo en la mayoría de las provincias, y que sean las víctimas, a través de la querella, las que controlen a los fiscales. Así, los jueces deberán encargarse sólo de impartir justicia. Esto, sumado a la oralidad, tendiente a evitar papeleos engorrosos e innecesarios, contribuirá a acelerar las condenas, que es uno de los principales problemas que tiene hoy la Justicia. Los entendidos en la materia, aseguran que los juicios orales y públicos podrían acortar significativamente los tiempos de las causas penales.

Por último, hay acuerdo también entre Gobierno y opositores en la necesidad de evaluar cómo están funcionando los juicios por jurados que se practican en provincias como Córdoba y, más recientemente, en Neuquén. La Comisión de Legislación Penal visitará esas provincias para sacar sus propias conclusiones. Las experiencias recogidas hasta ahora en este tipo de prácticas, en la que los jurados compuestos por ciudadanos comunes determinan la culpabilidad o inocencia del acusado y un juez se limita a establecer el castigo correspondiente, han sido satisfactorias. En este ámbito de discusión, las posiciones de los diferentes bloques que componen la comisión no se presentan antojadizas o mediáticas. Una prueba más de que la democracia deliberativa sigue siendo una herramienta primordial para ponerle coto a los problemas de inseguridad, con la seriedad y el entendimiento que la problemática les exige a los representantes del pueblo.

*Sociólogo y periodista.