Según el informe, se encontró que de 219 denuncias realizadas contra funcionarios entre 2005 y 2018 y que tuvieron trascendencia pública, sólo 1 tuvo una condena firme. Al menos 195 de las 218 denuncias restantes, originaron expedientes penales que siguen abiertos con escasos avances en general, destacaron.

El Listado preliminar de denuncias de corrupción con trascendencia pública comienza con una del año 2005 en donde se denunció al ex Ministro de Economía de la provincia, Jorge Jiménez, por el cobro de dinero a cambio de liberar las deudas de la empresa Gasnor, la cual acumulaba $ 11 millones de pesos de deuda con el Estado.

La auditoría del Consejo de la Magistratura de la Nación en la Justicia Federal arrojó un total de 2.178 expedientes por delitos contra la administración pública en trámite en todo el país entre 1996 y 2016, advierte el informe. Es decir que, desde mitad de la década del noventa, el 10% de las causas nacionales pertenecen a Tucumán.

En el documento se explica que el único caso de corrupción que escapó a la regla de impunidad vigente en la provincia corresponde a funcionarios públicos de la jerarquía más baja que, al momento de los hechos, trabajaban en una dependencia policial en la localidad de Raco.

En este caso fueron juzgados tres policías en un juicio oral y condenados en 2013 por su actuación respecto del hallazgo de los restos de Paulina Lebbos, joven asesinada en 2006. La Justicia provincial consideró probado que Antonio García y Manuel Yapura habían cometido el delito de encubrimiento agravado mientras que Roberto Lencina recibió una condena por adulterar un acta.

Ahora bien, cuando se analizaron las causas que involucran a la política se encontraron que hubo 29 denuncias que involucran a José Alperovich, ex gobernador (2003-2015) y senador nacional del Partido Justicialista. Es, por lejos, el funcionario tucumano más denunciado desde 2005. Ninguno de los procesos abiertos en su contra prosperó en los Tribunales ordinarios y federales de esta provincia. Por lo que se sabe, Alperovich ni siquiera llegó a prestar una declaración indagatoria en alguno de los procesos, explican desde Chequeado.

Para la ONG hubo un quiebre que permitió la impunidad: en el año 2005 la Corte Suprema provincial suprimió la Fiscalía Anticorrupción con el visto bueno del entonces ministro público fiscal, Luis De Mitri. Esa oficina del Ministerio Público había funcionado durante cinco años, lapso en el que logró una exposición y un poder nunca vistos en los Tribunales, aseguraron.

Antes de que la Fiscalía fuese cerrada, las noticias de La Gaceta señalaban que había alrededor de 450 denuncias de corrupción en la etapa preparatoria del enjuiciamiento. En aquel momento se calculaba que por mes ingresaban 10 casos, sostiene el informe.

Si la Fiscalía Anticorrupción provincial llegó a acumular 450 causas en el período 2000-2005, la identificación de 219 denuncias presentadas en los poderes judiciales local y federal durante los últimos 13 años, suponen una reducción significativa, remarcaron y agregaron: De ese segundo volumen, 150 corresponden a la Justicia penal de Tucumán mientras que las otras 69 pertenecen a la Justicia Federal, que sustancia los casos que involucran fondos públicos nacionales o bien refieren a lavado de activos, evasión tributaria, narcotráfico, trata de personas u otros delitos considerados federales por la ley.

En comparación a las cifras de esa época, la investigación periodística desarrollada por Chequeado revela que entre 2005 y 2017 hubo una denuncia por corrupción cada 22 días. El pico se registró en 2016 mientras que el bache aparece en 2008, año a partir del cual vuelve a haber un crecimiento, concluyeron.