La Unión Europea aprobó una directiva para proteger a los denunciantes
Si bien las personas que evidencian actos de corrupción son fundamentales para sancionar quienes incumplen las leyes, muchas veces sufren represalias. En este contexto, los países miembro de la UE establecerán canales protegidos de denuncias.
La Comisión Europea, el órgano encargado de proponer leyes y asegurar la aplicación de las decisiones, aprobó una directiva para proteger a todos aquellos que informen sobre casos de corrupción, fraudes y violación de normas en los países de la Unión Europea (UE).
Sucede que los denunciantes, no solo “tienen un rol fundamental en la investigación y sanción de quienes incumplen las leyes” sino también “ayudan a los periodistas a obtener información indispensable para hacer su trabajo”, sostiene Transparencia Internacional (TI).
Pero pese a su aporte social, muchas veces “sufren persecución laboral, daños en su reputación y problemas de salud”.
Tanto es así que según la encuesta Global Business Ethics 2016, una comunidad de organizaciones que abogan por las buenas prácticas en pos de la transparencia, “un 36% de los trabajadores que hicieron públicas las irregularidades manifestaron haber sufrido algún tipo de represalia”.
En este contexto se desarrolló el nuevo acto legislativo que determina que todos los países miembro de la UE deberán adoptar las nuevas medidas que establecen “canales protegidos de denuncias”.
Además, la propuesta “prohíbe cualquier represalia contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos”.
"El 36% de los trabajadores manifestó haber sufrido algún tipo de represalia”
La directiva contempla la protección de los denunciantes que informen sobre asuntos relacionados con: compras públicas, servicios financieros, lavado de dinero, terrorismo, seguridad del transporte, protección ambiental, seguridad nuclear, seguridad alimentaria, salud de los animales, salud pública, protección a los consumidores, seguridad de los datos y sistemas de información, y regulaciones tributarias e intereses financieros de la Unión Europea.
“Es realmente importante que esta norma proteja tanto a los denunciantes del sector privado, como a los de las instituciones públicas, ya que tanto las empresas de más de 50 empleados, como las instituciones públicas regionales o locales con más de 10.000 habitantes, tendrán la obligación de establecer canales confidenciales de denuncias”, concluyó el presidente de TI España, Jesús Lizcano.
